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Respuesta:
El contexto político define la naturaleza de las decisiones a ser tomadas y, por consiguiente, la información de valor necesaria. A fines de este análisis, podemos identificar tres contextos con diferentes requisitos informativos. A la primera categoría pertenecen todos aquellos casos donde la decisión política sobre un determinado cambio en el bosque o en el uso del suelo ya ha sido tomada por una autoridad de nivel superior (cuerpo legislativo, ministro, etc.) En estos casos, el trabajo del administrador es sólo el de ejecutar dicha decisión; y, por lo tanto, se debe interesar solamente de los costos que la situación implica. La segunda categoría se refiere a aquellos casos en los que la decisión no ha sido adoptada, no existen demandas opuestas en relación a los bosques y cualquiera sea la decisión puede ser invertida o modificada en el futuro. A la tercera categoría pertenecen aquellos casos donde los distintos grupos interesados tienen demandas distintas en relación a los bosques, la (las) alternativa(s) a decidir es (son) irreversible(s) en el futuro y la decisión sobre cuál uso escoger es responsabilidad del administrador.
Decisiones que ya han sido adoptadas
Supongamos que ya se ha adoptado la decisión política de ejecutar una determinada alternativa, no obstante existan demandas opuestas. La decisión puede haber sido tomada por la asamblea legislativa, un ministro u otra autoridad que actuó basándose exclusivamente en criterios políticos. De cierta forma, quien tomó la decisión ha decidido implícita o explícitamente que los beneficios que se obtendrán serán mayores que cualquier costo previsto. El problema para el administrador del suelo es decidir cómo llevar a cabo dicha decisión de la manera más eficaz y con el menor costo posible. La cuestión es cuál de los medios aceptados para alcanzar el objetivo escogido tiene el menor costo, siendo todo lo demás igual. El administrador, entonces, se centra en cómo valorar los costos de la mejor manera posible.
Un ejemplo de esta situación es el caso en que el cuerpo legislativo, para el bien del sentimiento y patrimonio nacional, o debido a presiones o a acuerdos políticos internacionales (razones no económicas) decide declarar parque nacional 50.000 ha de la superficie forestal. Se ha adoptado una decisión política. El problema para el administrador que tiene que ejecutarla es encontrar el costo más eficiente económicamente y la mejor manera de establecer, ordenar y proteger el parque. La valoración de los insumos se convierte en el punto más importante del análisis económico.
No existe competencia y los cambios son reversibles en el futuro
Esta categoría incluye aquellas situaciones políticas en que los cambios propuestos para el uso de un bosque determinado implican decisiones que pueden ser modificadas en el futuro. Por ejemplo, supongamos el caso en que los ambientalistas aconsejen proteger una determinada área de selva tropical a través de una decisión administrativa. (Obsérvese que, al contrario del caso anterior, la decisión de proteger el territorio ha de ser emprendida en el ámbito de la estructura administrativa existente y no a nivel político).
Respuesta:
En gran medida, los argumentos más convincentes en favor de la representación proporcional derivan de la forma en la cual el sistema evita los resultados anómalos de los sistemas de mayoría-pluralidad y facilita una legislatura más representativa (ver Desventajas). Como lo demuestran numerosos ejemplos del mundo en desarrollo incluidos en esta guía, para muchas democracias emergentes, particularmente aquellas que enfrentan profundas divisiones sociales, la inclusión en el parlamento de todos los grupos significativos puede ser una condición casi esencial para la consolidación democrática. Si se desea evitar consecuencias catastróficas en estos nacientes sistemas políticos, hay que asegurar la participación tanto de las minorías como de las mayorías (ver el caso de Sudáfrica Sudáfrica: Sistemas Electorales y Manejo de Conflictos).
Generalmente, los sistemas RP son elogiados
Explicación: