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La economía colaborativa en su conjunto se basa en la existencia de multitud de plataformas, cada vez en mayor número, dedicadas a muy diversos ámbitos. Es por ello que su evolución es muy rápida y, por lo tanto, es posible que se desconozcan muchas de las funcionalidades y prestaciones de dichas plataformas.
El amplio espectro de plataformas de economía colaborativa que existen (y que se crearán en un futuro), hace especialmente difícil su regulación normativa, por lo que, en principio, podrían escapar al control regulatorio. Esto podría ser esgrimido por las plataformas tradicionales de la economía y del consumo, por no exigírseles las mismas limitaciones o requisitos tasados que a éstos (por ejemplo, no pagar determinados impuestos).
Falta de protección de la persona consumidora. La falta de regulación de muchos aspectos de esta economía o consumo colaborativo, puede hacer que la persona consumidora no esté amparada por el régimen de protección otorgado por la normativa vigente en materia de consumo (por ejemplo, al compartir un vehículo, si alguna persona usuaria del mismo tuviera algún problema, no estaría amparada por la normativa de protección de las personas consumidoras).