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Como es bien sabido, la enfermedad del COVID-19 es altamente contagiosa y con una alta tasa de mortalidad relativa a otros virus similares en grupos de riesgo. En América Latina y el Caribe (ALC) el primer caso de contagio se registró a finales de febrero de 2020 y, hacia el 20 de abril, el número de contagiados pasaba las 100 mil personas y el de fallecidos los 5300. Estas cifras lamentablemente quedan pronto obsoletas. La propagación del virus, que se inició en Asia y rápidamente se expandió con fuerza en Europa, impactó fuertemente la actividad económica de la región a través del menor precio de commodities, menor demanda de exportaciones, fugas de capitales y mayores costos de financiamiento.
Para reducir los contagios y evitar el colapso de los sistemas nacionales de salud, el distanciamiento y aislamiento social se vuelven medidas esenciales de cualquier estrategia de salud pública. La gran mayoría de los países de ALC ya avanzaron en la implementación de medidas de distanciamiento social. A mediados de abril existían 14 países que implementaron medidas de cuarentena total o casi total, 9 países con restricciones severas de circulación, y el resto de los países con restricciones más limitadas.
Las medidas de distanciamiento social, si bien son esenciales, conllevan a una disminución muy fuerte en la presencia económica, laboral y recreacional. Esto a su vez genera una fuerte caída adicional a la de origen externo en la actividad económica con los consiguientes efectos en la sostenibilidad fiscal.
Retos del COVID-19 para las políticas fiscales en ALC
El COVID-19 presenta grandes retos para ALC en asegurar los fondos necesarios para combatir la pandemia y minimizar efectos sobre el crecimiento y la sostenibilidad fiscal. Además, como bien expresó recientemente el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, la crisis “expone todos los problemas endémicos de la región”.
Es por ello que las medidas de política y gestión fiscal se encuentran en el frente de las políticas globales para poder mitigar y reducir los efectos de la pandemia. Por un lado, se requieren prioritariamente que mayores fondos presupuestarios puedan ser dirigidos rápidamente al sector salud para atender las mayores demandas. Los sistemas de salud de la región ya contaban con serias deficiencias y baja equidad en el acceso a servicios de calidad, y además no estaban preparados para gestionar pandemias. Por ello requiere una amplia tarea y acompañamiento del sector fiscal; incluso para reforzar los sistemas de compras públicas en la emergencia; garantizar que los fondos estén bien focalizados, distribuidos geográfica y equitativamente.
Para mantener a la gente aislada socialmente y así disminuir el contagio del virus, los países necesitan focalizar transferencias masivas; oportunas y temporarias. Esta necesidad es aún mayor en América Latina porque más de 50% de la fuerza laboral es informal, por lo que gran parte de los trabajadores no cuentan con infraestructura para trabajo remoto y están fuera de las redes formales de protección social, a los cuales se les podría hacer llegar su cheque en forma digital. Se necesita urgentemente reforzar aquellos registros de beneficiarios de programas sociales incompletos, desactualizados y carentes de cruzamientos automáticos con datos administrativos fiscales que permiten detectar la informalidad, y una adecuada focalización de apoyos.
Finalmente, la gestión macrofiscal tiende a ser deficiente en muchos países, que además de tener deudas públicas abultadas y crecientes, tienden a no ahorrar en períodos de bonanzas, lo que limita el espacio fiscal para enfrentar la crisis. Muchos países no pueden materialmente hacer frente a tan altas demandas de aumento en el gasto público; y con ello, el déficit y la deuda; y muchos deben lograr relajar las reglas fiscales o gestionar la aprobación en los Congresos para poder hacerlo.
En este contexto de fuerte debilidades institucionales, la región requiere de la profundización y coordinación de la política y gestión fiscal incluyendo medidas transitorias adicionales, tanto para la atención de la pandemia como de la post-pandemia, al igual que para el período de transición. Dada la severidad de la crisis sanitaria y económica, el buen diseño de estas políticas y su buena ejecución se vuelve esencial. Es fundamental que la política y gestión fiscal logre que la pérdida total de actividad económica y deterioro fiscal sea mínima y que pueda retomarse en corto tiempo el crecimiento económico y la vuelta a la sostenibilidad fiscal.
La política fiscal durante el distanciamiento social
Explicación:
corona plis :)