Respuestas
Respuesta:
de contextos de larga duración se trata, lo primero que debemos señalar es que el debate y las prácticas en torno de la ciudadanía moderna se dan en relación con la constitución del capitalismo en Occidente y del proyecto de construcción de la democracia, aunque la ciudadanía tenga sus raíces griegas y romanas.2 En efecto, son las revoluciones Francesa, Inglesa y Norteamericana las que, levantándose contra la tradición medieval, crean el Estado-nación moderno, bajo el cual comienza a tener sentido la ciudadanía de la modernidad (Cortina, 1997: 56).
2Según López (1997), el debate en torno a la ciudadanía ha pasado por tres momentos clave en la constitución de la modernidad. El primero se remonta al comienzo de la constitución del capitalismo y tenía como objetivo “desentrañar el sentido y las características del hombre en su relación con la sociedad y con el Estado modernos y en contraste con la sociedad tradicional […]”. Tuvo como principal escenario la Europa del siglo XIX y dio lugar a las concepciones liberales y socialistas. Algunos elementos comunes que identifican a los liberales son el individuo como punto de partida y como sujeto de derechos anteriores y superiores al Estado, una apuesta por la libertad negativa3 o los derechos civiles, la limitación del poder del Estado para proteger al individuo, preservar la vida, la libertad y la propiedad, y el temor a la igualdad social y a las acciones de clase. En esta primera etapa de la propuesta liberal surge el modelo que Macpherson (1997) denominó la democracia como protección: un Estado que promueve la sociedad de mercado y protege a los ciudadanos contra el gobierno, un gobierno para individuos egoístas de los que se supone tienen deseos infinitos de obtener beneficios privados para sí mismos y son naturalmente consumidores, es decir, individuos configurados por el mercado. Marx sostenía que esta igualdad jurídica de las personas ante la ley y el Estado como expresión del sujeto burgués e inscrita en la sociedad de mercado enmascaraba la profunda desigualdad económica de esa misma sociedad. Afirmaba que la revolución política moderna presentaba límites insalvables, pues eliminaba sólo negativamente los elementos particularistas del Estado y del mercado —en términos puramente políticos y legales—, pero los mantenía en el plano social y, sobre todo, en las relaciones de producción (López, 1997: 87, 90).
3El segundo momento del debate se produjo, según este mismo autor, hacia la década de 1950 y se centró en la tensión entre democracia y capitalismo, es decir, en la relación entre las características de los derechos ciudadanos reconocidos y garantizados por los Estados democráticos y las estructuras de las clases sociales y del capitalismo. Su principal escenario fue el continente europeo, Inglaterra y Estados Unidos. T. H. Marshall, de quien podemos afirmar es el teórico que retoma y pone sobre la mesa el tema de la ciudadanía en este siglo, sostenía que a los derechos civiles conquistados en el siglo XVIII y a los políticos logrados en el XIX habría que sobreponerles los derechos sociales, pues los primeros no habían alcanzado a eliminar las desigualdades y éste último podría traer un mínimo de bienestar a la sociedad. Es decir, cada ciudadano debe ser tratado como un miembro pleno de la sociedad y considerado como igual en una sociedad de iguales. Para ello, y para garantizar la existencia y cumplimiento de los derechos civiles, políticos y sociales es necesaria la existencia de un Estado de bienestar. Así pues, el énfasis en la idea de ciudadanía está puesto en la existencia de un conjunto de derechos y en la posibilidad de que todas las personas puedan usufructuar de ellos. Es lo que en la literatura corriente sobre el tema se llama el status jurídico de la ciudadanía o la ciudadanía como status.4