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En la actualidad, nuestro país transita por un intenso proceso de efervescencia constitucional inusitado en épocas anteriores, que coloca a la persona en el centro del accionar estatal y apela por la tutela apriorística de su dignidad, en el marco de la recepción constitucional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, no puede dejarse de anotar que apenas ayer, e incluso ahora, la incapacidad del Estado mexicano para atemperar el problema de desigualdad que le aqueja estructuralmente, ha producido el confinamiento de ciertos grupos sociales a contextos de marginación y vulnerabilidad manifiesta; con ello, el ingente espectro de discriminación en nuestro país se ha tornado inalterablemente vigente.
Históricamente excluidos del mundo de las oportunidades, los distintos grupos vulnerables en México han sido expuestos a las peores pulsiones sociales e institucionales, animadas por motivos y razones diversas. Entre ellas la anquilosada vocación de rechazo y falta de tolerancia hacia individuos con características de sexo, género o preferencias sexuales específicas, se ha traducido en el aniquilamiento maquinal del derecho a la igualdad constitucionalmente protegido, a partir de una idiosincrasia mexicana excluyente y sexista per se. Situación que atenta peligrosamente contra los anhelos democráticos que se persiguen al interior del Estado de Derecho en nuestro país, sostenido sobre la base de una sociedad plural.
La diversidad sexual agrupa distintos ángulos de vista en torno a la forma en que las personas viven, experimentan y expresan su sexualidad y género, con base en la orientación sexual y la psique individual que detentan. No obstante, en el marco de una anacrónica tendencia de dominación masculina, la comunidad LBGTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex aún resiente los embates del trato inequitativo, excluyente y opresor, producidos por la impertérrita heteronormatividad mexicana.