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La globalización, como proceso de recodificación de la naturaleza en términos económicos, se ha traducido en la sistemática implantación de políticas que configuran la apropiación del patrimonio natural para utilización mercantil. Ese tipo de intervención sobre la naturaleza afecta, entre muchas otras dinámicas, la hidrológica planetaria, pues la devastación y apropiación de los territorios, característica de los procesos privatizadores, tiene como consecuencia directa la afectación de los ciclos hídricos y, con ellos, de las fuentes de agua.
Las diferentes formas de privatización, que se despliegan en distintos niveles (apropiación de acueductos comunitarios, privatización de ríos, agua embotellada, inclusión del agua en los Tratados de Libre Comercio, entre otros) y que cuentan con diversas estrategias (militares, jurídicas, culturales, entre otros), intentan someter a la naturaleza a las lógicas del mercado; pero intentar articular los patrimonios hídricos, con sus ciclos y particularidades, a esa instrumentalidad, entra en conflicto con visiones y prácticas ancestrales, comunitarias y cotidianas en las que el agua es entendida como derecho humano fundamental, bien común y público, no como mercancía.
Reconocer el agua como derecho humano fundamental, implica garantizar a cada habitante del planeta igualdad en el acceso sin importar su condición económica, su capacidad de pago. Pero esto es completamente contrario a la amenaza que aparece con los procesos de privatización, en los que, entre otras cosas, se defiende el interés de apropiarse de las fuentes hídricas.
En este artículo se hará referencia a la forma de privatización que se genera cuando el Estado, por encima del derecho de las comunidades a hacer un uso soberano de su patrimonio hídrico, prioriza intereses particulares, que buscan intensificar la producción agrícola mediante la construcción de una presa sobre el río Ranchería que abastecerá distritos de riego en la baja Guajira colombiana.