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Málaga es una ciudad portuaria en la Costa del Sol, en el sur de España, conocida por sus hoteles de muchos pisos y los centros turísticos que sobresalen de sus playas de arena amarilla. Sobre ese moderno perfil, en dos colinas, se alzan las dos enormes ciudadelas de la ciudad, la Alcazaba y las ruinas de Gibralfaro, remanentes del régimen morisco. La altísima catedral renacentista de la ciudad se apoda La Manquita porque una de sus torres curiosamente no se terminó de construir.
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La constitución y su importancia en el derecho
Por otro lado, el concepto formal de constitución define a esta como una norma jurídica, que permite regular el poder político, concepto que se enfoca en el deber ser. En este orden de ideas, mientras mayor semejanza exista entre la constitución en sentido material y la constitución en sentido formal de un país, mayor será el nivel de constitucionalismo del mismo y a su vez, mayor el respeto por el Estado de Derecho. Este es el sustento de la llamada clasificación ontológica de las constituciones, la cual se la debemos a Kart Loewenstein, como veremos más adelante.
La Constitución opera entonces como la norma que justifica, limita y organiza el poder estatal, estableciendo parámetros al accionar del Estado[4], definidos por los derechos fundamentales de las personas y por un conjunto de principios, conceptos e instituciones. A la vez, la norma constitucional determina la organización del Estado, en particular, respecto a las atribuciones y funciones de los diversos entes que lo componen.
La Constitución asegura además la existencia de un Estado de Derecho, que consiste en aquel Estado en el cual los derechos fundamentales de las personas se encuentran debidamente garantizados[5], por lo cual resulta indispensable para la subsistencia de la sociedad. Si bien ello implica que el Estado se someta al ordenamiento jurídico, esto no constituye un fin en sí mismo, sino más bien el medio para obtener dicha protección.
La constitución y su importancia en el derecho
El Estado de Derecho
En consecuencia, el Estado de Derecho es la forma en la cual se manifiesta jurídicamente el constitucionalismo moderno, puesto que en el mismo el poder político – que como ya lo hemos señalado es un elemento constitutivo del Estado - se encuentra regulado a través de una norma jurídica denominada Constitución, la misma que limita los posibles comportamientos arbitrarios, que afectan derechos fundamentales[6].
En primer lugar, el principio de preferencia por los derechos fundamentales, que permite que los derechos constitucionales sean preferidos ante bienes jurídicos que no lo son[7], lo cual es clave para evitar que se afecte su contenido esencial, conforme lo establecido por la Constitución[8]. Dichos bienes jurídicos permiten limitar derechos fundamentales, mas no desplazarlos.
En segundo término, el principio de separación de poderes[9], por el cual las funciones del Estado se encuentran distribuidas entre diversos detentadores de poder estatal, los mismos que se influyen mutuamente, lo cual impide comportamientos arbitrarios y permite controlar el poder político a través de los controles mutuos[10]. Dicho principio muestra diversas intensidades en diferentes estados, lo cual nos permite configurar distintos sistemas de gobierno.
Finalmente, un componente clave del Estado de Derecho es el principio de legalidad, por el cual el Estado en general y la Administración Pública en particular se regulan de manera directa por el ordenamiento jurídico, el mismo que no puede ser desconocido por razón alguna[11]. Como resultado, la Administración Pública puede realizar únicamente las actividades y tareas que el ordenamiento le asigna expresamente.
La constitución y su importancia en el derecho
La Constitución como fuente de derecho
En este orden de ideas, la Constitución es fuente de derecho en el ámbito formal y en el ámbito material. En el ámbito formal en tanto define como es que el Estado puede válidamente crear el derecho, es decir, como nacen las expresiones normativas[12]. La constitución señala cuales son los órganos legítimos para gobernar y para legislar, su estructura, la competencia, así como el procedimiento que dichos órganos deben seguir para la generación del ordenamiento jurídico. Ergo, si una norma no es aprobada según la constitución, es inválida, siendo inconstitucional por su forma. Para Kelsen, dicha norma no es en buena cuenta una norma jurídica[13].
Además, en un ámbito más bien material, la Constitución establece los parámetros o estándares respecto de los cuales debe encuadrarse las normas. La constitución contiene principios y derechos que no pueden ser vulnerados por normas de inferior jerarquía[14]. Ejemplos de ello son conceptos como la familia, la salud, la educación, el Estado, la propiedad, la economía social de mercado y otras más.
En general, dichos conceptos constituyen lo que se denomina instituciones constitucionalmente garantizadas, siendo los más importantes los derechos fundamentales, respecto de los cuales se establece además un conjunto de mecanismos de protección denominados procesos constitucionales. Todo ello constituye un límite para el comportamiento de los poderes públicos, que constituye la eficacia vertical de la constitución, así como para el comportamiento de los particulares entre sí, que implica la llamada eficacia horizontal[15]. Los derechos fundamentales, en particular, son plenamente eficaces entre los ciudadanos.
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