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El objetivo del proyecto europeo siempre ha sido principalmente crear mercados y se ha prestado poco interés a la política social. Durante la mayor parte de la historia de la Unión Europea y de sus instituciones predecesoras ha habido compromisos, a menudo creativos, entre los mercados y la política social, o al menos un respeto mutuo por las diferentes esferas de la competencia (Scharpf, 1999). Pero recientemente la UE ha adoptado una actitud más agresiva hacia la creación de mercados y ha atacado áreas de política social que antes se consideraba que estaban más allá del alcance de esta estrategia.
La UE ha adoptado una actitud más agresiva hacia la creación de mercados y ha atacado áreas de política social que antes no contemplaba
Este cambio se ha realizado de dos maneras: mediante la expansión gradual de los poderes generales de la política de la competencia y la justicia e implantando nuevas políticas explícitas. Un elemento central de ambas ha sido la ampliación del mercado único en lo que solían llamarse los servicios públicos, que según la jerga de la UE ahora se denominan los “servicios de interés general”. El mejor ejemplo de la nueva política de creación de mercados, que probablemente suponga un peligro para amplias áreas de la política social, todavía no se ha llevado a la práctica: el propuesto Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTCI) entre la UE y Norteamérica. Si se aprueba tal como está redactado ahora, implicará anular una gran cantidad de reglas que antes se consideraban necesarias para proteger a los consumidores, a los trabajadores y a los ciudadanos en general de las consecuencias negativas de ciertas actividades comerciales con ánimo de lucro.