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Respuesta:
En este trabajo se aborda la historia de la participación ciudadana institucionalizada de la Ciudad de México, sin la pretensión de hacer un recuento exhaustivo de los hechos, mecanismos, instancias e instrumentos jurídicos que, desde 1928 hasta nuestros días, precedieron y caracterizaron su conformación y desarrollo formal en la ciudad capital. Lo que en particular se pretende con este breve repaso histórico es mostrar cómo, a través de la construcción y funcionamiento de sus "distintas" modalidades institucionales a lo largo de su historia, se originaron un conjunto de relaciones, prácticas y percepciones características de una determinada cultura política que, hoy por hoy, forma parte del universo simbólico, de las costumbres y tradiciones que explican, en gran medida, los alcances y limitaciones de la participación ciudadana en la Ciudad de México.
Explicación:
La participación ciudadana es un concepto determinado históricamente, pero también se ve afectado por diferentes corrientes de pensamiento.[1] Por estas razones, para poder explicar la evolución de la participación ciudadana en nuestro país, es necesario, además de hacer un recuento histórico de sus momentos clave, revisar el desarrollo teórico por el que ha pasado este concepto. Este repaso servirá para identificar cuáles fueron las corrientes ideológicas que le han dado fundamento y legitimidad a la participación.
En las últimas dos décadas se ha afianzado el proceso de democratización en la mayor parte del mundo. Si bien algunos países aún siguen en el proceso de la transición o apenas están aprendiendo a vivir bajo el nuevo régimen, otras naciones ya se han topado con ciertos límites y con los retos que la democracia representativa conlleva. Al mismo tiempo, las sociedades, y de manera paralela, la democracia están en constante evolución, lo cual implica una continua redefinición de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Entre más exigente sea la ciudadanía, más amplias serán sus expectativas y demandas respecto de la democracia. Si antes la sociedad sólo exigía que su voto contara, ahora se demandan “bienes” asociados con la llamada democracia sustantiva, tales como el bienestar social y una mayor influencia en la definición de las políticas públicas.