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En América Latina, los derechos humanos emergieron en el debate público a fines de los años setenta, asociados a las experiencias de Terrorismo de Estado en el marco de las dictaduras y gobiernos autoritarios de países como Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Chile. En este contexto, militares, paramilitares y agentes del Estado cometieron actos que transgredieron los derechos humanos de miles de personas, tales como detención arbitraria, prisión política, ejecuciones políticas, desapariciones, tortura y el exilio. En este contexto, desde la sociedad civil se comenzó a denunciar las violaciones a los derechos humanos, concepto que para la psicóloga argentina Elizabeth Jelin significó «una verdadera revolución paradigmática”[6] , pues demostraba que a nivel de la ciudadanía existía una noción de que los seres humanos poseían derechos inalienables: los Derechos Humanos dejaban de ser un asunto únicamente de expertos o legisladores, y pasaba a formar parte de las luchas sociales de la ciudadanía.
Justamente, fueron las agrupaciones de familiares de víctimas de violencia política (detenidos desaparecidos, ejecutados y presos políticos), comunidades religiosas, organizaciones no gubernamentales e intelectuales quienes encabezaron la lucha por los derechos humanos, llegando a constituirse como un verdadero movimiento por los derechos humanos y la democracia. Para el filósofo chileno Pablo Salvat, este momento representó una doble «emergencia de los derechos humanos», pues al mismo tiempo que entraron en crisis, emergieron al escenario público. De esta forma, «en torno a los derechos humanos se fue articulando la diversidad política y social excluida del proyecto autoritario. Esta unidad se dio no sólo en función de su reivindicación negada, sino también, en función de levantar una suerte de proyecto de sociedad a partir del ideario mismo de los derechos humanos»[7]. En este marco, comenzó a desarrollarse una gran producción cultural en materia de derechos humanos, que incluyó la publicación de muchos trabajos, la formación de organismos no gubernamentales, iniciativas de educación popular y movimientos de lucha por la defensa de los derechos de detenidos políticos, mujeres, niños y jóvenes e indígenas. Cabe destacar que, pese a la gran pujanza social, tanto los derechos humanos como la educación en derechos humanos eran temas críticos, que no podían ser tratados con total libertad por las personas, pues tal como señala Abraham Magendzo «hablar de este tema no solo era muy peligroso, sino que además los espacios de interlocución eran muy escasos. Había temores reales”[8