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Hay quien piensa que el problema de la corrupción concierne exclusivamente a la justicia. El reclamo de la justicia sirve para que algunos corruptos descarguen su conciencia y hagan ver incluso que el orden se restablece. Sin embargo, una sociedad con una corrupción estructural como la nuestra no va a poder tener nunca una justicia del todo imparcial y eficaz. Sería antisistema. Una justicia así requeriría mayor prevención. Por definición, la mayoría de casos de corrupción, consistentes en sobornos y comisiones, no pueden probarse porque no hay evidencias fáciles. Y, claro está, lo que no está probado, no existe.
Quizás si redujésemos la ambición de los objetivos, esto es, dotando a la Administración de justicia de mayores medios, análogos por ejemplo a los de la Agencia Tributaria, la justicia podría coadyuvar más y mejor en la ardua tarea de combatir la corrupción. Prueba de ello es que gran parte de la preocupación colectiva ante esta lacra es reflejo de la acumulación de casos en los juzgados y de su eco mediático. El principal problema de muchos procesos deriva de la tardanza en sustanciarlos, como denunciaba la propia Casa del Rey hace unos días. Pero también de la negativa de algunos responsables o exresponsables políticos a admitir cualquier implicación, hasta que judicialmente no les queda más remedio. Con todo, muchos políticos empiezan a ser conscientes, a la luz de recientes encuestas, de lo arriesgado de acudir a las elecciones con investigaciones policiales o judiciales en marcha y la injustificable esperanza de que las urnas lo perdonarán todo.
Algunos datos son muy ilustrativos. El caso Gürtel lleva más de cinco años bajo instrucción y los hechos investigados son de la década pasada, e incluso anteriores, pese a que los llamados papeles de Bárcenas eran desconocidos hasta su publicación por este periódico a fines de enero de 2013. La presunta desviación de fondos de los ERE en Andalucía se produjo durante el decenio anterior y la investigación se encamina hacia los tres años. El llamado caso Pallerols se descubrió nada más y nada menos que en 2000, pero no fue hasta hace algunos meses que se tomaron las decisiones judiciales definitivas y UDC aceptó su responsabilidad. Por no hablar del retraso que experimenta la instrucción del caso Palau, con la mayoría de imputados en libertad por decisión de un juez garantista, ante la extrañeza de la mayoría de ciudadanos legos en derecho. Ciertamente, se trata en todos los casos de asuntos complejos y sometidos a un acentuado conjunto de garantías procesales derivadas de un sistema de recursos prolijo, que exige muy pocos requisitos para multiplicar las acusaciones particulares o las personaciones en los sumarios. Pero el principal problema es la carencia de medios, como puso de relieve el juez decano de Palma de Mallorca después de recibir críticas a raíz del retraso en la instrucción del caso Nóos.
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