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En nuestro país el ejercicio de la ciudadanía es el privilegio de solamente una parte de la población y en particular de aquella que controla las riendas de la sociedad y del Estado. De esta manera, un amplio espectro de chilenos y chilenas está objetivamente excluida de facto de los derechos ciudadanos, aunque esto sea, a veces, por voluntad propia.
Se puede considerar que hay exclusión por voluntad propia cuando los chilenos no votan, pero esto no es completamente cierto. En efecto, cuando uno es invitado a votar en el marco de una Constitución ilegítima, con un sistema electoral tal que hay elegidos que lo son por apenas un puñado de votos y entre candidatos en que la desigualdad de recursos es escandalosa, se puede considerar como perfectamente justificable que uno decida abstenerse o votar blanco o nulo.
Pero no solamente en el plano político y electoral la ciudadanía está en Chile reducida a una parte de la población. También lo está en el plano de la vida económica y de la vida social. Así, un gran número de chilenos y chilenas no tienen derecho a expresarse en las empresas donde trabajan y aún menos de manifestar reivindicaciones salariales u otras que se refieren a sus condiciones de trabajo, so pena de ser sancionados o despedidos. Privados del apoyo efectivo del Estado, su posibilidad de apelar a los actos de injusticia es casi nula.
En el plano social, por otra parte, los mismos compatriotas, u otros de la misma condición socioeconómica, no tienen ningún medio de hacer valer sus opiniones cuando se trata de sus condiciones de vida, su situación de vivienda o para defenderse de los daños que afectan los paisajes naturales que habitan cuando unas decisiones económicas depredadoras son tomadas por los detentores del poder o sus representantes.
Así, a una parte de nuestros connacionales no solo se les niega en los hechos la condición de ciudadanos, sino que además se les obliga a vivir en la insoportable condición de seres de segunda categoría, a menos que acepten de participar a la comedia que constituye la democracia autoritaria ideada por el tirano y no modificada hasta aquí.
De esta manera, lo que se quiere presentar como una sociedad democrática no es más que una organización social férreamente controlada por ciertos poderes fácticos y reducida a unas prácticas teñidas de arcaísmo.
Situaciones como la nuestra pueden durar mucho tiempo, como lo prueban los 30 años que han transcurrido, pero a veces ellas pueden dar lugar, entre los que las sufren, a explosiones inmensas de furor que remecen de arriba a abajo las sociedades injustas y excluyentes como la actual.