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En México, la exigencia social de igualdad de trato o no discriminación alcanzó un estatuto constitucional a inicios del siglo XXI. En 2011, como resultado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el derecho a la no discriminación se contempló como un derecho humano que el Estado mexicano está obligado a garantizar.
A partir del 11 de junio de 2003, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México cuenta con una legislación reglamentaria federal que tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
El origen de esta ley se remonta al movimiento antidiscriminatorio y a favor de la igualdad que se formó en 2001, es decir, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación integrada por 160 comisionados, quienes elaboraron un diagnóstico en esta materia, así como un anteproyecto de ley.
“La desigualdad y la discriminación que aqueja a diversos grupos es tema prioritario de la agenda nacional, pues vulnera nuestra capacidad para consolidarnos como una sociedad desarrollada con respeto pleno a los derechos humanos”.
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación
Sabemos el desafío que implica diseñar políticas públicas en los municipios que ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios. Sin embargo, es necesario conjuntar esfuerzos para proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto de discriminación y garantizarles condiciones reales de igualdad y libertad.
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