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La prostitución no es un delito por ninguna de las partes, prostituta (gigoló) o cliente. Si la relación entre prostituta y cliente es voluntaria, su prohibición perjudica a ambos. La criminalización de la prostitución provoca su marginación, la clandestinidad, aumenta su precio, dificulta los controles de calidad (por ejemplo sanitarios), hace posibles abusos de los policías y fomenta la existencia y el enriquecimiento de grupos criminales que la controlan en un mercado negro.
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