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Se ha señalado reiteradamente en diferentes foros que las funciones imperantes de la agricultura deben adicionarse a la contribución directa del crecimiento, a la generación del empleo, a la solución de la pobreza y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. En los últimos años, el debate se ha profundizado por aminorar los problemas de inseguridad alimentaria que vive la población urbana y rural del país.
En Hidalgo (México), actuales mediciones oficiales señalan la prevalencia de cerca de 73 por ciento de los hogares bajo el criterio de inseguridad alimentaria; explicado por 45 por ciento en seguridad leve, 17.8 por ciento en inseguridad moderada y 9.1 por ciento en inseguridad severa. Se afirma mayor prevalencia de inseguridad alimentaria en núcleos rurales respecto de las dinámicas urbanas; la diferencia entre ambos es cercana a 15 por ciento (INSP, 2013). Es decir, en paradoja, los hidalguenses que viven sobre la frontera agrícola (donde, en su mayoría, se producen alimentos y habita bastante población hidalguense) tienen, en comparación con las dinámicas urbano-comerciales, menos acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades energéticas diarias y las preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (FAO, 1996).
Frente a esta realidad, el objetivo que persigue este artículo es identificar la reconfiguración que experimentó el espacio agrícola hidalguense y su vínculo con la producción alimentaria, en el contexto de los sucesos de la década de 1910-1920, cuando el movimiento social de reivindicación contenido en los programas de la Revolución Mexicana (RM) y, más tarde, la depresión económica de 1929-1932 propiciaron las primeras dotaciones ejidales sobre los grandes latifundios porfiristas: el reparto agrario.1La justificación de estudiar este periodo (1917-1940) y ligarlo a la actual problemática de la inseguridad alimentaria en la entidad obedece a dos causas. Primera, el reparto agrario en Hidalgo representó hasta 1940 cerca de 55 por ciento de los ejidos existentes al día de hoy en la frontera agrícola. Estos, en el discurso, tenían la finalidad de cimentarse gradualmente sobre la estructura latifundista implementada en el porfiriato, los cuales, en agregado, cubrían cerca de 16 por ciento de la superficie territorial de la entidad. Producir alimentos para el país era la responsabilidad pensada para el ejido. Se benefició a cerca de 50 por ciento del territorio hidalguense, que equivale a 54 mil 764 campesinos/ejidales.2
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