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Todas estas conllevan a los habitantes de estas zonas a desplazarse y perderlo todo. Indudablemente, si se reducen las violaciones al DIH, se podrá contribuir a que menos personas sientan la necesidad vital de abandonar sus hogares y desplazarse hacia otro lugar más seguro.
El conflicto armado en Colombia también afecta a la población civil residente en términos de acceso a servicios básicos tales como: la atención médica, la educación, el agua y saneamiento, sobre todo en áreas remotas. El acceso a estos servicios es aún más complicado por las consecuencias de la crisis económica y la baja inversión estatal.
Las comunidades que viven en lugares remotos están cada vez más confinadas y con frecuencia no pueden salir a causa de los controles establecidos por las partes en conflicto, además sufren de una serie de restricciones de bienes de primera necesidad, situación que afecta aún más la economía de estas familias/comunidades que ya era muy frágil.
Más allá de insistir en la importancia que tiene la aplicación de las normas humanitarias, es fundamental que los dirigentes políticos y los actores armados involucrados en el conflicto tomen todas las precauciones necesarias para proteger a quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades.