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La tradición marxista ha insistido en la subordinación de la política a los procesos económicos, postulando que los intereses económicos dominantes limitaban cualquier alcance reformista desde la política y, más aún, que daban el tono de toda la vida política. Esta idea adquirió una gran popularidad mucho más allá de los círculos marxistas, y sigue teniendo una gran influencia, a menudo implícita. El periodo que va de 1870 a 1930 es, a grandes rasgos, el que ha dado mayor credibilidad a esta perspectiva. El auge del sistema agroexportador en América Latina consolidó, en esta etapa, una elite económica que nucleaba a empresarios del sector agrícola, minero, financiero y de infraestructura de transporte, con una influencia desproporcionada sobre sistemas políticos débiles y con bases electorales muy estrechas. En los casos que Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto llamaron «economías de enclave», este modelo llegó al extremo1.
No obstante, la crisis de 1929 hizo tambalear este sistema y permitió un desborde de expresión de todo tipo de insatisfacciones en la esfera política. De este modo, esta adquirió poco a poco una importancia y una autonomía nuevas a través de los movimientos nacional-populares, que los marxistas tuvieron que explicar mediante analogías con el bonapartismo, como una etapa de equilibrio de fuerzas entre clases todavía en formación, que permitía al Estado asumir temporalmente un papel de árbitro entre intereses económicos mediante políticas intervencionistas y bastante autoritarias2. Pero esta vez fueron los economistas liberales y monetaristas quienes impusieron su interpretación de esta nueva época, invirtiendo el postulado marxista. Según ellos, entre 1930 y 1980 la política subordinó a la esfera económica a través de un Estado tan omnipotente como ineficaz, que dominaba un sistema económico corporatista3. Las luchas de intereses entre distintos grupos económicos transformaron al Estado en un repartidor de rentas, lo que condujo directamente a las crisis de la deuda y la hiperinflación de los 80. De hecho, para esos economistas, las reformas recomendadas a los países latinoamericanos en el marco del famoso Consenso de Washington tenían precisamente entre sus objetivos la separación de las esferas política y económica. La limitación del papel del Estado en materia económica debía permitir un mejor funcionamiento del sistema económico, bajo la brújula única del sistema de incentivos proporcionado por el mercado. Por su parte, el sistema político funcionaría tanto mejor en la medida en que se libraba de la presión de los intereses económicos que tramitaba anteriormente.
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