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Ahora bien, todo lo anterior nos lleva a plantearnos una serie de interrogantes: ¿qué ocurre cuando el Estado obstaculiza y establece criterios discriminatorios que limitan el acceso a la salud, la justicia, la alimentación? . ¿Puede un médico forense negarse a practicar exámenes a una mujer que denuncia violencia sexual, argumentando que es una delincuente? . ¿ Es legal detener a una mujer por ser la pareja de alguien acusado de cualquier delito, sin ningún mérito probatorio que la implique en la supuesta comisión del delito?. Y, por último, ¿dónde puede una mujer denunciar la violencia institucional en contextos donde el estado de derecho se ha desdibujado
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