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Para comprender el estado de las fronteras venezolanas, es necesario tomar en consideración su amoldamiento a los intereses y estrategias geopolíticas del gobierno bolivariano, en un clima de confrontación permanente de acción y reacción. Especial importancia tienen los sistemas y subsistemas urbanos construidos en el estado Táchira (Venezuela) y sus conectividades con el departamento Norte de Santander (Colombia), epicentro de los mayores e intensos intercambios y receptor principal de la conflictividad bilateral. Las discrepancias bilaterales se trasladaron al ámbito de la integración andina y se reflejaron en intereses geopolíticos contrapuestos expresados abiertamente con el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (can). Aunque el presidente venezolano justificó la fatal decisión por el desacuerdo con sus homólogos de Colombia y Perú, promotores de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se trató de una deriva previsible puesto que el gobierno venezolano había desplegado una campaña hostil contra la can, advirtiendo acerca de su incompatibilidad con los objetivos geoestratégicos del proyecto cívico-militar bolivariano. Con esta separación se debilitó la can y se erosionaron los intercambios comerciales. A escala local, se cerró la posibilidad de organizar Zonas de Integración Fronteriza aprobadas en las Decisiones 549 y 502, orientadas a sistematizar y aprovechar las potencialidades de. En estos objetivos no encajaba la relación con el gobierno de Colombia presidido por Álvaro Uribe (2002-2010), que para entonces había escalado el nivel de confrontación, atizada por recurrentes acusaciones en torno de la problemática guerrillera y agudizada después de la fugaz paz diplomática decretada por unos meses en 2007 con el apoyo dado por el presidente colombiano a la participación del mandatario venezolano en la búsqueda del acuerdo humanitario para liberar a 45 personas secuestradas por las farc3. Este acercamiento derivó en una compleja trama, el cese de las funciones mediadoras de Chávez y un abrupto desenlace de insultos y acusaciones.
Tras este conflicto, el gobierno venezolano reforzó el enfoque militarizado de las fronteras, descartando las iniciativas de políticas públicas favorables a la solución de las necesidades socioespaciales y problemáticas territoriales en las ciudades limítrofes, para imponer la estrategia de control territorial en el marco del Plan Patria Soberana. Esta iniciativa estaba dirigida a controlar el contrabando de gasolina y de productos alimenticios subsidiados, estimulado por las asimetrías comerciales fronterizas asociadas a las diferencias de precios entre los mercados nacionales.Sin embargo, en la espacialidad fronteriza venezolana la conflictividad no se diluyó. Por el contrario, una serie de eventos y circunstancias que abarcan las continuas denuncias de incursiones de guerrilleros y paramilitares, contrabando y uso gubernamental de las dinámicas transfronterizas para desviar la atención sobre la crisis nacional se entrecruzaron y avivaron el ya complejo escenario.