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Actualmente, Venezuela comparte junto con su frontera colombiana una gran cantidad de problemas sociales y políticos, como por ejemplo, la presencia de fuerzas guerrilleras en la línea fronteriza la alta cantidad de contrabando ilícito que entra al territorio nacional.
Explicación:
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Respuesta:
Crisis humanitaria en la frontera colombo venezolana
04 de set. de 2015
Organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras de los Derechos Humanos y promotoras de los derechos de la población migrante, refugiada y en necesidad de protección internacional, manifestamos profunda preocupación frente a la grave e histórica situación fronteriza que ha conducido a la actual crisis humanitaria en la frontera colombo venezolana, provocada por los conflictos y las deportaciones masivas que se han presentado en lo corrido del año y puntualmente en los últimos 10 días, luego que el Gobierno venezolano anunciara el 19 de agosto el cierre de la frontera y el estado de excepción en cinco municipios del estado de Táchira el viernes 21 de agosto, tras el ataque armado en que resultaron heridos tres militares y un civil venezolanos, hechos aún sin esclarecer.
Se estima que en el transcurso del año 2015 han sido deportadas más de 3.000 personas colombianas y en los últimos días 1.097 (con fecha 31 de agosto), que según el Gobierno Venezolano se establecieron en el país sin cumplir los procedimientos migratorios de ley. Además de ello, han retornado de manera espontánea aproximadamente 10.000 colombianas y colombianos temiendo la deportación o maltratos por parte de las autoridades venezolanas. Reconocemos la soberanía del Estado venezolano para ejercer el control sobre su territorio nacional, pero hacemos un llamado por el respeto de los derechos de los migrantes y refugiados, tutelados por instrumentos de derecho internacional y la garantía del debido proceso en la ejecución de cualquier medida.
En términos de Derechos Humanos, son especialmente graves las deportaciones de quienes han sido víctimas del conflicto armado colombiano y tienen la calidad de sujetos con necesidad de protección internacional, solicitantes o con estatus de refugio en Venezuela. En estos casos es imperativo la observación internacional a los Derechos de los Refugiados, ya que se pone en riesgo la vida e integridad de estas personas al retornar sin las condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad al territorio colombiano. Es muy importante que se aclarare el número de refugiados que están en dicha situación.
Dadas las históricas relaciones sociales y económicas que se han establecido en la región de frontera colombo-venezolana, muchas de las familias son transfronterizas, de tal manera que parte de los integrantes del núcleo familiar son colombianos y otros venezolanos. Las recientes deportaciones han provocado ruptura de las familias, los padres deportados deben abandonar a los menores de edad o dejarlos al cuidado de familiares y amigos. Según la Cancillería colombiana, varios menores de edad se quedaron en el país vecino, luego de que sus padres fueran deportados.
Expresamos nuestro rechazo a cualquier acto discriminatorio, abusos de autoridad y tratos crueles y degradantes con las y los colombianos durante el proceso de deportación que ha venido denunciando la población. Exhortamos a las autoridades venezolanas para que se cumplan los protocolos exigidos, especialmente con los casos en donde no se cuenta con los documentos de identidad colombiana. Llamamos a los organismos internacionales para velar por el cumplimiento de los mecanismos internacionales de protección, atendiendo el tratamiento diferenciado que se requiere en los casos de Refugio.
En medio de los operativos en San Antonio, las autoridades venezolanas relacionaron a algunos colombianos con paramilitares./ FOTO: Reuters
Demandamos en especial la mediación de la UNASUR que expresa la voluntad de integración y de solidaridad entre los pueblos de la América Latina. Consideramos que la solución a esta problemática depende de la promoción de los intereses regionales y la articulación con los organismos multilaterales.
Resaltamos la labor de la institucionalidad colombiana, especialmente la Cancillería y la Defensoría del Pueblo, en la recepción, atención humanitaria y seguimiento a las deportaciones masivas que continúan presentándose. Exhortamos al Gobierno colombiano a buscar soluciones duraderas a la situación de las personas y familias deportadas, de acuerdo con las particularidades de cada caso, para evitar que la respuesta humanitaria de emergencia en un contexto de excepcionalidad institucional se vuelva permanente.