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Las decisiones judiciales adoptadas en los casos de corrupción son analizadas por la Fiscalía. La entidad revela que solo el 20% de procesados por delitos como peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito recibe prisión preventiva. Para 8 de cada 10 imputados, en cambio, los jueces disponen medidas sustitutivas: prohibición de salida del país, uso de grillete electrónico o presentación física ante una autoridad. Estos datos incluso fueron expuestos internacionalmente por la fiscal general, Diana Salazar, en un foro sobre la corrupción en la crisis sanitaria, organizado por el Banco Mundial.
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