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Respuesta:Una vez llegado este punto, es hora de devolver al juicio político su naturaleza y carácter general: se trata de una institución basada en un principio republicano que está vigente en casi todos los regímenes democráticos representativos, sobre todo en los presidencialistas. Se basa en el principio de que no hay gobernante que sea legibus solutus, es decir, que todo representante político puede ser auditado. Accountability que implica que pueden existir motivos legítimos para interrumpir el ejercicio de un cargo estatal electivo, motivos que se encuentran plasmados en las constituciones como causales de juicio político. Es, por lo tanto, un procedimiento que se establece como reaseguro de la relación de representación en que se basan los regímenes democráticos y, por ello, su análisis permite pensar la relación entre aquellos que ejercen el poder y aquellos que lo delegan, si se utiliza un léxico estrictamente institucional.
Se podría decir, retomando una premisa básica de la sociología política desde Weber y Gramsci, que en todo orden político existen dominantes y dominados, gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos. La constatación de este hecho básico implica que toda sociedad se dota de una manera legítima de sostener esta relación, que descansa siempre en una probabilidad de obtener obediencia (consenso) a mandatos determinados. La utilización, la puesta en acto, de este mecanismo de control, permite observar cómo se desarrolla esta relación prácticamente en la democracia representativa en situaciones donde se interrumpe su normalidad. Permite observar cómo se relacionan los gobernantes con los gobernados, y viceversa. La posibilidad que implica la existencia de este mecanismo de control, inscripta en un ordenamiento jurídico relativamente abstracto, al ser puesta en acto, permite observar en la práctica cuáles son los criterios que se utilizan y por parte de quienes para auditar legítimamente a los gobernantes. Su uso permite abordar entonces una cuestión elemental de toda dominación y toda acción humana: el problema de la autojustificación. En este punto, la teoría política se encuentra con la teoría sociológica para dialogar en torno al problema de la construcción de un orden.
La investigación que aquí concluye se basa en una concepción de la acción social según la cual todos los actores necesitan definir la situación para poder actuar (Schütz, 2003). Proceso que se da en todas las situaciones, aunque normalmente se realice de modo fundamentalmente prerreflexivo y en situaciones problemáticas evidencie mayores márgenes de reflexividad. Para definir la situación todos los actores apelan a marcos de referencia, que forman parte de su acervo de conocimiento de sentido común. La construcción de este acervo de conocimiento social resulta de un proceso continuo donde se sedimentan experiencias de modo relativamente caótico, constituyéndose un magma de significaciones que se distribuyen desigualmente y se incorporan, en gran medida, acríticamente.
El misterio de la relación social, como señala Elías (1987), está en que se constituyen entramados que son producto de la interacción de muchos actores en función de sus propios intereses, donde el resultado no puede ser planificado por nadie pero cuya institución tiene de todos modos una dirección. Las instituciones de que se dota una sociedad son resultado de un proceso histórico de sedimentación de experiencias y luchas, a partir de las cuales se impone una definición legítima del mundo social. La génesis de las instituciones, su momento fundacional, implica la cristalización, la imposición de una de las alternativas posibles para organizar la vida social, gestada a partir de las luchas y los intereses de quienes conforman un grupo humano. La institucionalización de ciertos principios implica que van a funcionar como puntos de referencia, como principios dóxicos, que permiten orientar la acción de los actores operando sobre ellos y en ellos, haciéndose cuerpo, habitus.
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