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La exigibilidad se considera un proceso móvil en el que se avanza hacia la
concreción de mayores niveles de garantía de los derechos. Se pueden desarrollar y
coordinar distintas estrategias de exigibilidad: política, social y jurídica.
• Exigibilidad política: esta forma de exigibilidad se refiere a la posibilidad de
participar e incidir en los escenarios de decisión política, con el fin de lograr que
las leyes y las políticas públicas estén acordes con los derechos humanos. Es un
ejercicio importante pues a partir de allí se busca valorar de una manera la
política, distinta a la tradicional de corrupción y de favores (clientelismo), para
considerarla como uno de los medios para exigir el cumplimiento de los derechos
ciudadanos.
Además nos permite apropiarnos de las decisiones que tienen que ver con nuestra
vida cotidiana, como la salud, la educación, la alimentación, el transporte, etc.
Para hacer una buena práctica de esta estrategia, es necesario identificar cuáles
son los actores políticos y los escenarios a los que podemos y queremos llegar,
establecer alianzas, y, sobretodo, participativamente configurar propuestas de
política pública alternativa.
• Exigibilidad social: se refiere al trabajo organizado de sectores de la sociedad
alrededor de la garantía de los derechos, se trata del ejercicio de una ciudadanía
activa y responsable donde nos apropiemos de nuestros derechos, demandemos
políticas públicas garantistas y posibilitemos su realización. A través de este tipo
de exigibilidad buscamos visibilizar nuestras demandas y nuestras propuestas, al
tiempo que exigimos al Estado el cumplimiento de sus compromisos. Incluye
todas las formas. Aquí se comprenden todos los mecanismos de movilización
social, la formación de opinión pública, la interlocución con el Estado, la
participación en los mecanismos creados constitucionalmente como los consejos
de planeación o los gobiernos escolares, dentro de una práctica que se configura
en lo social pero, al mismo tiempo, busca impactar en lo político.
• Exigibilidad jurídica: se refiere a la utilización de los recursos jurídicos por medio
de los cuales se acude a los jueces y tribunales, nacionales e internacionales, para
que se protejan los titulares del derecho, se obligue al Estado a cumplir sus
compromisos, y a los particulares a respetar los derechos. A este tipo de
exigibilidad se le llama justiciabilidad. Para ello es importante conocer y manejar
los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales,
las observaciones generales de Naciones Unidas y la jurisprudencia
constitucional.
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