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Respuesta:
La vigencia de la nueva Constitución y la elección de nuevas autoridades debían llevar al cierre definitivo de una larga etapa de inestabilidad política en Ecuador. El fuerte apoyo obtenido por el presidente Correa a lo largo de su gestión y su reelección en primera vuelta podían interpretarse como signos positivos para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, tres aspectos aparecen como obstáculos para la instauración plena de un nuevo orden que garantice la gobernabilidad y la estabilidad en un contexto de avances en la representación y la participación. Primero, la permanencia de los aspectos más negativos del diseño institucional, que no fueron parte de la reforma constitucional. Segundo, el liderazgo personal y hegemónico del Presidente que actúa como obstáculo para la institucionalización del proceso. Tercero, la concepción de éste como una revolución, que incentiva la polarización y alimenta el juego de ganadores y perdedores absolutos.
Explicación: En el año 2009 debía concluir el proceso de reforma política iniciado dos años antes. En su discurso de posesión, en enero de 2007, el presidente Rafael Correa reiteró su decisión de convocar a una Asamblea Constituyente para realizar una profunda reforma del sistema político ecuatoriano. En noviembre de 2008 se aprobó, mediante referéndum, la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente que previamente fue convocada por medio de otro referéndum. La conclusión de ese proceso debía materializarse en tres hitos: a) vigencia plena de la nueva Constitución; b) realización de las elecciones presidenciales, legislativas y de organismos subnacionales; c) expedición de un conjunto de leyes que daría forma final al diseño institucional.1 Con ello se buscaba poner fin al ciclo de inestabilidad que afectó a Ecuador desde mediados de la década de los noventa.2
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