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Es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un Sistema de Justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.
En este sentido, se requiere de un sistema jurídico que esté basado en principios, procedimientos y documentos, sin ambigüedades y que garanticen el entendimiento de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.
Ahora bien, en este rubro los ciudadanos tienen una percepción negativa generalizada. La carencia de certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley es, sin duda, una de las características del sistema de procuración de justicia que más acusadamente marca la percepción que los ciudadanos poseen de las instituciones y sus funcionarios, lo que se refleja en la escasez de denuncias sobre delitos.
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