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El pasado 24 de mayo de 2015 España vivió una emocionante cita electoral en la que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles se expresó en libertad para decidir la nueva composición de gobiernos locales y autonómicos.
Tras casi 40 años de experiencia democrática ininterrumpida, podría afirmarse sin miedo a equivocarnos que nuestro país puede presumir de ser considerado una democracia avanzada y estable. Sin embargo, esta afirmación no nos debe hacer caer en la autocomplacencia, pues las diferentes citas electorales celebradas revelan que en nuestro sistema electoral aún persisten algunos incumplimientos de normas electorales internacionales, entre las cuales encontramos una tan sensible y grave como la falta de respeto al secreto de voto de los electores.
El secreto del voto constituye una fundamental garantía para los ciudadanos, en el marco de un proceso electoral democrático, que protege la autonomía, la imparcialidad, la independencia y la seguridad de los votantes en la manifestación de su voluntad. De igual modo, este atributo del voto (su carácter secreto) se encuentra indisolublemente unido a otras características que ha de reunir el voto en los procesos electorales democráticos (el voto ha de ser libre, universal, igual y directo). La trascendental importancia del voto secreto conlleva que esta esencial garantía se encuentre recogida en los principales instrumentos políticos y jurídicos internacionales y regionales.
Como punto de partida, en primer lugar, la necesidad de salvaguardar el carácter secreto del voto para garantizar la libertad de sufragio viene proclamada desde 1948 en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara:
“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
Esta declaración de gran valor político fue completada por un tratado internacional jurídicamente vinculante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, el cual, en su artículo 25
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creo que es mucho texto pesto te lo explica todo espero que te haya ayudado
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Libres Principios de las elecciones Que la participación de las opciones políticas en competencia y la emisión del sufragio, sea resultado de una voluntad no coaccionada. Deben existir opciones a elegir y otra serie de libertades, sin las cuales no podría hablarse de la realización de elecciones libres