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Los trastornos relacionados con el consumo de sustancias son una problemática frecuente tanto en nuestro medio local como en el escenario internacional. La prevalencia ha aumentado de forma inexorable, a pesar de las múltiples medidas tomadas a lo largo del tiempo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reporta en el informe del año 2000 acerca del consumo de sustancias que hay un 96% de países en los cuales se reporta consumo de cannabinoides entre sus habitantes, seguido de los opiáceos en un 87% de las naciones, y de 81%, para narcóticos como la cocaína. En un 73% de ellas se consumen drogas metaanfetamínicas como el éxtasis, el 69% refiere contar con problemas asociados a la adicción causada por inhalantes o benzodiacepinas, y en un 60% de los 13 países encuestados existe tráfico, venta y consumo de alucinógenos como el LSD o la mescalina.
En 2005 la ONU reporta un incremento en el consumo de todas las sustancias psicoactivas, tales como la marihuana, el éxtasis, la cocaína, la heroína, las benzodiacepinas y el opio fumado, independientemente de las medidas de salud pública adoptadas, políticas implementadas o penas legales establecidas a las cuales fueran sometidos los pacientes farmacodependientes. Solo se describen disminuciones en el consumo de sustancias de abuso de prescripción, como barbitúricos y morfina, a lo largo del tiempo en países desarrollados.
Dichas medidas punitivas no han demostrado científicamente que lleven a procesos de rehabilitación para estos enfermos, quienes generalmente sufren de trastornos psiquiátricos mayores subyacentes. Todo lo contrario: tienden a contribuir al detrimento psicoemocional de los individuos, ya que los trastornos de personalidad, afectivos, psicóticos y por descontrol de impulsos, tan frecuentes en los adictos, tienden a ser poemente detectados en el ámbito de la justicia penal ordinaria y de los médicos legistas y profesionales de la salud encargados de procesar, medicar y rehabilitar a estos enfermos como si fueran delincuentes en las respectivas correccionales.
Los niveles de desarrollo socioeconómico y cultural alcanzados con la globalización de los mercados financieros, la internacionalización de las fronteras y la expansión desmedida de los medios de comunicación han convertido el consumo de sustancias ilícitas en una problemática de salud pública cada vez más prevalente y difícil de resolver en todas las culturas, religiones, regímenes políticos y regiones geográficas de nuestro planeta.
Se calcula, en general, que aproximadamente un 80% de los pacientes quienes reciben tratamientos bajo consentimientos voluntarios completando todas las fases establecidas y rehabilitación en un programa de base científica, fracasan en el intento de abstenerse de consumir la sustancia en el primer año posterior a la culminación del tratamiento.
La prevalencia de cualquier trastorno por drogas alguna vez en la vida para los colombianos es del 9,6%, con un 2,8% de prevalencia de punto a 12 meses, y un 0,9% en los últimos 30 días. En la tabla 1 se ilustran los resultados para abuso y dependencia de alcohol, nicotina y sustancias ilícitas.
En términos generales, el porcentaje de abuso-dependencia del alcohol se calcula en el 11,5%, mientras los problemas relacionados con el abusodependencia de sustancias ilícitas es tan solo del 2,2%. Se abusa en mayor proporción de todas las sustancias consideradas como "ilícitas" por parte de franjas de homes solteros en el rango etario de mayor productividad laboral: entre los 18 y los 54 años.
Se destacan, por otra parte, los altos niveles educativos y socioeconómicos obtenidos por estos pacientes al compararlos con la población general, con ingresos per cápita contradictoriamente más altos que los del promedio de trabajadores, asociado, a su vez, a niveles bajos de búsqueda de empleo en la actualidad.
En el dominio de la población jubilada, tanto el tabaco como el alcohol siguen siendo las sustancias de las que más frecuentemente se abusa o de las cuales se depende, lo cual genera complicaciones médicas infinitas que incrementan de forma desproporcionada los costos de atención en salud pública, ya que estos pacientes no aportan, sino que devengan del régimen de salud y pensiones vigentes en el territorio colombiano.
No existen números concluyentes acerca de los tratamientos específicos recibidos para drogadicción. A pesar de esto, en los colombianos parece existir hoy día una mayor conciencia en cuanto a consultar a los servicios de salud de forma voluntaria por trastornos relacionados con el consumo de sustancias ilícitas, en comparación con aquellos relacionados con el alcohol y el cigarrillo.