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Las últimas esperanzas de quienes creían que el agua puede brotar de la piedra, y que el imperialismo yanqui se convirtiera en paladín de los derechos del hombre y de las libertades democráticas en América Latina, se han disuelto en Granada. La VII Asamblea General de la OEA sancionó la suspensión de la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que, por lo demás, jamás fue tomada en serio por los gobiernos americanos, para quienes los informes de la CIDH sobre Chile no han sido sino trozos de papel) y se limitó a solicitar a la dictadura chilena que informe periódicamente sobre el asunto. ¡Ahora, es Pinochet quien debe informar sobre cómo se “respeta” en Chile el derecho de reunión, de organización, de opinión, así como el derecho al trabajo, a la integridad física y moral, y a la misma vida!
La burla de Granada culmina una serie de sucesos que ponen al desnudo los verdaderos propósitos de la administración Carter, al plantear su política de “defensa de los derechos humanos”. Bastó, en efecto, que los gorilas sudamericanos fruncieran el ceño, para que, en el Congreso norteamericano, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, y ahora en la OEA, Carter y sus funcionarios echaran presurosamente pie atrás. La política norteamericana de “defensa de los derechos humanos” se mantiene, es cierto. Pero, en primer lugar, para ser utilizada como arma contra la Unión Soviética y demás países socialistas. En segundo lugar, para servir como instrumento demagógico ante una opinión pública norteamericana, asqueada por la imagen de suciedad y violencia que el imperialismo yanqui se ha forjado en todo el mundo, desde Chile a Vietnam.