Question

cuales son los numerales del derecho a la democracia​

Answer 1

La voluntad del pueblo como base de la autoridad de gobierno.
El acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el estado de derecho.
La celebración de elecciones periódicas, libres, imparciales y justas, sin fraude e intimidación, como expresión de la soberanía del pueblo, realizadas mediante sufragio universal e igual, abiertas a múltiples partidos, por votación secreta y vigiladas por autoridades electorales independientes.
El derecho de los elegidos a formar gobierno, asumir sus cargos, cumplir sus mandatos y apoyar la ley, según establece la Constitución de cada país y los procedimientos legales establecidos.
La obligación del gobierno elegido de abstenerse de medidas extra-constitucionales y permitir la celebración de elecciones periódicas, respetar sus resultados y entregar el poder cuando finalice su mandato legal.
La alternancia en el poder, aún en los casos de elecciones libres, sin coacción ni fraude.
Estándares de libertades públicas

La libertad de opinión y de expresión, y de intercambiar y recibir ideas e información por cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras.
La existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.
La libertad de la prensa a recopilar, comunicar y divulgar información, noticias y opiniones, sujeta sólo a restricciones necesarias en una sociedad democrática, y prescritas por ley.
Un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos.
La libertad de reunión pacífica y de asociación, incluido el establecimiento de partidos políticos, grupos cívicos, sindicatos u otros organismos, o de afiliarse a ellos, con las garantías jurídicas necesarias para funcionar libremente en condiciones de igualdad de trato ante la ley.
La igualdad de acceso a la educación.
La libertad de pensamiento, conciencia y religión.
El derecho de los grupos minoritarios o desfavorecidos a la libertad de disfrutar de su propia cultura, manifestar y practicar su propia religión, y usar su propio idioma.
Estándares de institucionalidad democrática

La igualdad en el acceso al servicio público y a participar en el manejo de los asuntos públicos, directamente o a través de representantes elegidos libremente.
La separación de poderes.
Un poder judicial competente, independiente e imparcial, abierto al público y establecido por la ley para proteger los derechos democráticos.
La igualdad ante la ley, sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra clase, origen nacional o social, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición.
La transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública.
La rendición de cuentas a los ciudadanos y el combate a la corrupción.
El respeto a la vida privada y familiar, el hogar, la correspondencia y las comunicaciones electrónicas, sin interferencias arbitrarias o ilícitas.
El derecho de toda persona a no ser objeto de arresto o detención arbitraria, ni sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a la denegación de garantías procesales como la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
La debida elección, transparencia y responsabilidad ante el pueblo del poder legislativo.
La función de los parlamentos nacionales en el fortalecimiento del estado de derecho, las instituciones democráticas y la aplicación de los principios y valores democráticos.
El control civil y democrático sobre los militares, y su sometimiento a las leyes.
La promoción y protección de todos los DDHH, según se estipula en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos pertinentes de DDHH.
El fomento y protección de la sociedad civil y de la participación en la vida económica y política del país, incluidas las mujeres y las personas que pertenecen a grupos minoritarios.
En el año 2000, los Estados asistentes a la Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias adoptaron la Declaración de Varsovia, en la cual reconocieron la universalidad de derechos esenciales para la participación plena y eficaz en una sociedad democrática.

En el año 2001, los Estados pertenecientes a la OEA adoptaron la Carta Democrática Interamericana y en el año 2009 el Secretario General de las Naciones Unidas estableció un conjunto de orientaciones relativas a la prestación de asistencia para promover y defender la democracia.