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Uno de ellos fue el capítulo conocido como la 'sucretización' de la deuda privada, decidida por el expresidente Osvaldo Hurtado a través del Decreto Ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983.
El proceso de “sucretización”, que implicó que el Estado ecuatoriano asuma la deuda externa privada, tuvo consecuencias negativas para su sociedad y su economía. La más importante fue la de hipotecar, una vez más, al país a las condiciones impuestas por los acreedores de una deuda externa impagable. Este proceso, como casi todas las soluciones “definitivas”, contemplaba ciertos “beneficios” derivados del cumplimiento de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial (al presentarse el Estado ecuatoriano como un mejor “garante” de los créditos frente a los acreedores externos), al evitar la quiebra de las empresas y al estabilizar el sistema financiero, según rezaba el discurso oficial.
Pero lo que realmente significó la “sucretización” fue un proceso corrupto donde el país se vio seriamente perjudicado. Los impactos no solo fueron económicos, sino que también tuvieron repercusiones en el tejido social al establecerse un mecanismo de subsidio a un grupo privilegiado de personas, sobre todo empresarios y banqueros, quienes también habían sido los beneficiarios del auge petrolero y del concurrente proceso de endeudamiento externo agresivo. A lo largo de este proceso, que exacerbó la inflación, la corrupción nunca estuvo ausente. Además, debido a que sus beneficiarios estuvieron vinculados con grupos políticos y financieros muy poderosos poco se ha logrado analizar sobre este tema y menos aún juzgar a los responsables.
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