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Respuesta:
¿Es Colombia un país democrático o no lo es? Si no lo es, ¿es entonces una dictadura? Y si no es ni lo uno ni lo otro, ¿entonces qué es?
Las preguntas son pertinentes puesto que hay quienes sostienen que en efecto, nuestro país se rige por la democracia, mientras que no faltan los que afirman que aquí no hay ninguna democracia o que esta es una democracia de pacotilla.
Desde una perspectiva teórica, una sociedad es democrática si permite la elección de sus autoridades políticas, si facilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, si da garantías para la existencia de partidos y movimientos que luchan por gobernar el Estado. En suma, si hay lugar a la existencia de claras, equitativas y universales reglas del juego para decidir los asuntos relativos al gobierno y al poder a través de certámenes que involucren a sus ciudadanos. Además, si en esa sociedad tiene lugar la separación real de poderes.
Admitamos en gracia de discusión que esta es una verdad de perogrullo, y que es preciso ir al terreno de las realidades. Y en efecto, ahí es donde el asunto se hace complejo porque la democracia adquiere diversas coloraciones, matices y adjetivos diversos en los distintos países donde ha sido entronizado este sistema.
Hay que admitir, no obstante, como punto de partida básico aquella descripción elemental que nos permite diferenciarla de una dictadura. Como hay que admitir que la dictadura es la negación total de la democracia, es decir, representa la imposibilidad de decidir el gobierno de un pueblo por medios libres.
En el caso colombiano hemos apreciado en los últimos 25 años un proceso de democratización de sus instituciones y de la vida política. Desde el desmonte de la democracia restringida del Frente Nacional, pasando por la aprobación de leyes que han transformado significativamente el escenario político del país: la elección popular de alcaldes, la expedición de una nueva Constitución política en 1991, la elección popular de gobernadores, el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana como la consulta, el plebiscito y el referendo, el efectivo funcionamiento independiente de los poderes públicos y el reconocimiento de nuestra diversidad étnica y cultural.
Sin embargo, la existencia de graves problemas sociales como la violencia política, el desbordado clientelismo y la inequidad social son fenómenos que llevan a muchos de los críticos del sistema a cuestionar la existencia de democracia en el país. Según ellos, aquí lo que hay es un régimen oligárquico, el país está en manos de 30 familias, aquí no hay libertad, todo se decide de antemano.
Se afirma que mientras no haya justicia social ('democracia social' en vez de injusticia social, gustan decir algunos), no puede haber democracia real. Se confunde una cosa con otra, hasta llegar a razonamientos sofísticos como el de que "no puede haber democracia donde no hay justicia social" y "no puede haber paz donde hay tanta inequidad social".
Si los precursores de la democracia moderna hubiesen establecido prerrequisitos a la democracia, quién sabe en qué andaría la civilización occidental. Esos razonamientos condicionantes se parecen a los de la vertiente más reaccionaria del conservatismo mundial, que en el siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX sostenía que a la gente no se le podía otorgar muchos derechos ni mucha democracia hasta que no se le educara.
Nadie, en sana razón, niega que la miseria y la injusticia social son fenómenos de dimensiones alarmantes y que realmente existen y afectan de manera grave el normal desarrollo de la vida social y de la democracia.
Sin embargo, parece poco coherente negar la existencia de la democracia en un país en el que se elige a un presidente diferente cada cuatro años, en el que hay libertad de prensa, en el que la oposición y en particular la de izquierda ha logrado triunfos importantes como el de la Alcaldía de Bogotá, el de la Gobernación del Valle, y en el que numerosos movimientos cívicos han ganado un gran protagonismo en numerosos municipios.
No parece muy convincente negar la democracia en un país en el que la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de importantes iniciativas legales del Ejecutivo tramitadas y aprobadas por el Legislativo. No parece muy lógico que se insista en desconocer una democracia que permite la libertad de prensa y la libertad de opinión que se refleja en el hecho cierto de que la mayoría de los columnistas más destacados son antigobiernistas. No parece coherente declarar que esta no es una democracia y a renglón seguido proclamar una precandidatura que parte del supuesto de que es posible derrotar al actual Presidente y de que éste no es invencible.
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Las preguntas son pertinentes puesto que hay quienes sostienen que en efecto, nuestro país se rige por la democracia, mientras que no faltan los que afirman que aquí no hay ninguna democracia o que esta es una democracia de pacotilla.
Desde una perspectiva teórica, una sociedad es democrática si permite la elección de sus autoridades políticas, si facilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, si da garantías para la existencia de partidos y movimientos que luchan por gobernar el Estado. En suma, si hay lugar a la existencia de claras, equitativas y universales reglas del juego para decidir los asuntos relativos al gobierno y al poder a través de certámenes que involucren a sus ciudadanos. Además, si en esa sociedad tiene lugar la separación real de poderes.
Admitamos en gracia de discusión que esta es una verdad de perogrullo, y que es preciso ir al terreno de las realidades. Y en efecto, ahí es donde el asunto se hace complejo porque la democracia adquiere diversas coloraciones, matices y adjetivos diversos en los distintos países donde ha sido entronizado este sistema.
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