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ue una de las primeras manifestaciones políticas del pueblo quiteño en contra de las autoridades españolas.
Se desarrolló entre julio de 1592 y abril de 1593, en época en que don Manuel Barros de San Millán desempeñaba el cargo de Presidente de la Real Audiencia de Quito; y tuvo su origen cuando Felipe II, Rey de España, expidió la Cédula Real por medio de la cual dispuso el pago de un nuevo impuesto del 2% sobre las ventas y permutas.
Este impuesto había sido creado con el propósito de equipar una armada que vigilara los mares de las indias y protegiera el comercio las ciudades y puertos españoles de América, que constantemente sufrían el ataque de corsarios y piratas que las saqueaban y quemaban para apoderarse de sus riquezas.
La cédula -expedida en noviembre de 1591- fue recibida en Quito el 22 de julio del año siguiente y en ella se establecía que el nuevo impuesto debía empezar a cobrarse desde el 15 de agosto de 1592. La Audiencia le concedió al Ayuntamiento de Quito quince días de plazo para que resolviera la aceptación del impuesto, pero apenas transcurridos dos días esta corporación decidió no aceptar dicha imposición y elevar al Monarca una petición que la exonerara de dicho tributo.
Como el gobierno de la Audiencia no les prestó atención, los miembros del Ayuntamiento acudieron ante el Procurador -don Alonso Moreno y Bellido- para que sea él quien dirija las acciones que debían adoptarse para impedir la aplicación de dicho impuesto. A partir de entonces se realizaron varias reuniones secretas en las que por primera vez se oyó hablar de ”insurgencia”, concepto que en esa época era castigado con la horca.
Al conocer de estas reuniones, el presidente Barros de San Millán escribió al Virrey del Perú -don García Hurtado de Mendoza- señalando los peligros que se avecinaban y pidiéndole auxilios militares, a lo que éste respondió enviando una fuerte dotación de arcabuceros al mando del capitán don Pedro de Arana.
La noticia de la llegada de refuerzos militares puso en alerta a los quiteños, y las organizaciones populares y el cabildo prepararon una fuerza de aproximadamente mil hombres para enfrentar a los realistas, al tiempo que todo el pueblo se preparó también para una guerra defensiva.
Por su parte, fray Pedro Bedón -sacerdote dominico quiteño a quien el pueblo admiraba y respetaba por su talento- realizó importantes declaraciones defendiendo la obligación de que se escuche a los representantes del pueblo.
Al poco tiempo las autoridades españolas aceptaron la mediación del padre Bedón y ofrecieron escuchar a los quiteños, por lo que el pueblo depuso su actitud armada y permitió la llegada de las fuerzas de Arana sin oponer la menor resistencia.