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Es una entidad autónoma que forma parte – junto a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias – de la Función de Transparencia y Control Social de la República de Ecuador.
A partir de la vigencia de la Constitución de 2008, se inicia una nueva concepción de la estructura del Estado ecuatoriano que cambia el concepto y contenido de los anteriores tres poderes tradicionales del Estado y establece, en su lugar, cinco Funciones del Estado, las cuales son:
Función Ejecutiva.
Función Legislativa.
Función Judicial.
Función de Transparencia y Control Social.
Función Electoral.
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