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En el porfiriato la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz (1876-1911). Díaz se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la no reelección, principio de sus levantamientos, y en 1880 cedió el poder a su matador Manuel González.1
En sus siguientes mandatos, Díaz se enfocó a orientar el país y pactar con grupos de conservadores y con el clero para poder mantenerse en el poder. Incluyó a viejos lerdistas como Manuel Romero Rubio, su suegro, e incluso a imperalistas como Manuel Dublán, en su gabinete.
Díaz pacificó al país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo momento apoyado por los rurales y la policía secreta. Las rebeliones más conocidas fueron las de Trinidad García de la Cadena y Heraclio Bernal en 1886 y la de Ramón Corona en 1889.
Los cuerpos de rurales se encargaban de aplastar violentamente todo rasgo de rebelión que apareciera en el país. Así sucedió con los yaquis de Sonora y con los mayas en Yucatán. La más importante de las rebeliones fue la de Tomóchic, en noviembre de 1891, debido al pésimo estado de los campesinos que vivían miserablemente y no podían defender sus derechos. En los últimos años del régimen, las huelgas eran cada vez más frecuentes.
Díaz se empeñó en permanecer en el poder y para ello logró el crecimiento de la economía y aliarse con los poderosos de la época. Obtuvo prestigio gracias al progreso de la economía y también a que respetó los cacicazgos de los pueblos, a fin de evitar rebeliones. Invento la ley fuga que fue una acción llevada a cabo por los cuerpos policíacos que simulaban la huida del un preso para después matarlo
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