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Teóricamente, las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, creada y diseñada para la defensa de la soberanía e integridad territorial, en tanto la Policía es una institución orientada a mantener el orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. Teóricamente también, la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del territorio ante una amenaza externa y la misión de la Policía es la protección de la ciudadanía ante la amenaza de la delincuencia común y organizada. El golpe de Estado del 28 de junio puso en evidencia el carácter instrumental de ambas instituciones como cómplices del poder político y económico que produjo, sostuvo y sostiene el gobierno golpista, situación que se ha intensificado con el retorno del presidente Zelaya, lo que se ha puesto de manifiesto en diversos hechos que se detallan a continuación: 1. Participación decisiva en el golpe de Estado Sin la intervención de las Fuerzas Armadas, el Golpe de Estado no se hubiera producido. El elemento determinante del golpe fue el control directo sobre las dos instituciones represivas del Estado, lo que permitió ver a militares y policías en las calles, cumpliendo su papel de contenedores y represores de la movilización social en contra del golpe de Estado. Ambas instituciones se definieron por el golpe de Estado, lo que significa que se definieron también en contra de todos los sector es que se opusieran al mismo, creando una situación compleja en la que estas instituciones del Estado, llamadas a defender los intereses generales de la sociedad, se convirtieron en instrumento represivo de un grupo golpista que llegó a controlar directa e indirectamente, los poderes del Estado. 2. Ideologización del discurso En las causas que provocaron el golpe de Estado se entretejen zafios intereses personales, políticos y económicos que intentaron disfrazar como defensa del sistema ante la amenaza de Chávez. Los viejos fantasmas, articulados con nuevos y viejos temores, fue un recurso utilizado por los militares, asimilado por los policías, manipulado por los líderes religiosos y enarbolado por el discurso golpista para asustar a la ciudadanía y atraer la simpatía de los Estados Unidos ante la aventura golpista. Todos ellos coincidieron en la identificación del enemigo y del mal, y en la justificación de todos los recursos para combatirlo. 3. Protección privada a los golpistas La reacción masiva contra el golpe de Estado y la identificación pública de los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado, con sus residencias y sus empresas, provocó una mayor identificación de las instituciones represivas con los intereses de los golpistas y aparecieron de día y de noche, y con más intensidad cuando la resistencia salía a las calles, cuidando sus pertenencias, acompañando a sus familias y sirviendo de guardaespaldas privados del poder golpista. 4. Protección a los grupos de apoyo a los golpistas La creciente presencia de la resistencia en las calles obligó a los golpistas a organizar su propio grupo de apoyo, del que formaban parte feligreses arrastrados por las iglesias; empleados públicos presionados por quienes les pagaban; trabajadores de la empresa privada obligados y estimulados monetariamente para participar; parientes de golpistas en su diversidad política, económica, mediática y religiosas, y más de algún ciudadano manipulado por los medios de comunicación al servicio del golpe de Estado. Las instituciones represivas de la resistencia contra el golpe de Estado, se convirtieron en instituciones protectoras de esos grupos con sus marchas blancas, impregnadas de un patriotismo trasnochado, de una democracia deformada, de una paz etérea y de una santidad saturada de malos presagios. Mientras militares y policías acosaban y acosan a la resistencia esperando el momento adecuado para reprimirlos, acompañan a las marchas blancas en su recorrido, les abren paso, las protegen de cerca, eliminan obstáculos a su ruta, previenen peligros desde lugares estratégicos y cumplen con su papel instrumental al servicio del poder. 5. Estigmatización de la resistencia como delincuente El posicionamiento de militares y policías al lado del gobierno de facto y la asociación de toda resistencia al golpe de Estado como el enemigo que hay que combatir, hace que todos ellos, militares, policías y demás golpistas, uniformen su discurso acusando a la resistencia de delincuente y asociando su condición delictiva con su condición de seguidores del presidente constitucional de la república. De ello participa la Policía que no ha terminado de aprender que los únicos llamados e emitir fallos de culpabilidad son los jueces, luego de una minuciosa valoración de los casos presentados por los fiscales del Ministerio Público. Anunciar en boletines públicos, como el del 23 de septiembre, que los seguidores del presidente Zelaya son delincuentes, es un posicionamiento parcializado, politizado, ilegal y éticamente cuestionable.
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