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La crisis del COVID-19 amenaza con afectar de manera desproporcionada a los países en desarrollo: se estima que las pérdidas de ingresos sobrepasarán los 220.0000 millones de dólares.
particularmente en Europa, han tomado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el número de desempleados como consecuencia de la crisis, y animó a que "todos los estados con recursos suficientes hagan lo mismo".
Es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes de la policía y de las líneas directas. El hogar puede ser un sitio de miedo y maltrato para muchas mujeres, niñas y niños. La situación empeora considerablemente en casos de aislamiento como las cuarentenas impuestas durante la pandemia. Todos los estados deben tomar medidas para combatir el COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños que sufren violencia doméstica”
La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud”.
Los informes de personas mayores abandonadas o de cadáveres encontrados en residencias son alarmantes. Es inaceptable. Todos tenemos la obligación de practicar la solidaridad y proteger a las personas mayores en esta situación”
Los desplazados internos sufren un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a su acceso limitado a la sanidad, agua corriente, saneamiento, alimentos y a una vivienda digna.
Con frecuencia son, además, discriminados. Quienes se encuentran en campamentos o centros de acogida viven a menudo hacinados, y los refugios de emergencia no están física o estructuralmente preparados para mitigar la transmisión del COVID-19.
Los gobiernos deben asegurar que todos los desplazados internos tienen acceso al agua corriente, saneamiento, instalaciones para su higiene personal, una vivienda digna y alimentos