¿Quién es el responsable de cubrir las necesidades básicas de las personas? estado socialista
Respuestas
La Constitución le atribuye al Estado la función de organizar, dirigir y controlar la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad
Los distintos modelos como alternativas diferentes del ejercicio económico, se articulan sobre la base de la combinación resultante de diferentes ejes[7], a saber: la propiedad dominante, las formas de gestión de la propiedad, las fuentes y bases materiales de acumulación, los mecanismos de regulación de la producción social, la organización económica del Estado, las características de los mercados y las fuentes y formas de distribución de los ingresos.
Como es fácil apreciar desde esa línea de análisis, cuál es el papel del Estado en la economía, cómo se caracteriza el régimen de economía; cómo se definen el sistema de propiedad y las disposiciones orgánicas relacionadas con las atribuciones que norman los principales instrumentos para actuar en materia económica, son elementos que concretan la tipología de los sistemas económicos, le otorgan sentido a los proyectos económicos y conllevan determinada política social.
Con el objetivo de conducir el análisis hacia lo que consideramos debe ser la esencia constitucional que fundamente los vínculos entre el Estado y la economía permitiendo –o exigiendo– su juridicidad, hemos seleccionado como presupuesto para el análisis, la cadena lógica de razonamiento que propone la Dra. Hernández[8], sintetizándola de la siguiente forma:
El objetivo básico de cualquier política pública es contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población, para conseguir tal objetivo, se han utilizado diferentes procedimientos a lo largo de la historia. Cuando las fuerzas del mercado se dejan en completa libertad puede aumentar la eficiencia técnico-productiva, pero se generan desequilibrios, desigualdades y tensiones que ninguna sociedad mínimamente desarrollada puede tolerar, por tanto, es necesario intervenir para reducir, corregir o compensar tales ineficiencias. La intervención pública, por su parte, también implica ineficiencias, despilfarros y opacidades que hacen necesario someterla al cumplimiento de requisitos básicos tales como: eficacia, eficiencia y transparencia. Hay, pues, que establecer normas que regulen el funcionamiento del mercado, y hay, pues, que establecer mecanismos que controlen el funcionamiento de la intervención pública. A ambos efectos es necesario: renunciar a la construcción de fórmulas universales, establecer una cierta combinación de Estado y mercado, promover una cierta «complicidad» entre Estado y mercado y proceder, en todo caso, a la evaluación de políticas públicas.
En correspondencia con lo anterior, el presente trabajo se propone un análisis desde la perspectiva del derecho constitucional, una reflexión sobre algunos de los fundamentos del constitucionalismo socialista y el papel del Estado como regulador en ese contexto, sobre la base de una tesis esencial: el Estado debe tener como objetivo primero, procurar no solo riquezas, sino el bienestar de la población, por lo que debe a la par que promueve el desarrollo, reforzar su capacidad de supervisión y control, para garantizar con ello, que las leyes económicas operen en consonancia con ese fin, porque al decir de Bidart Campos: «Es indudable que, aun sin ser economistas, no resulta audaz sino obligatorio aportar criterios éticos, políticos y jurídicos, en una mínima interdisciplinariedad bien tramada, para armar un sistema económico que resulte apto a la dignidad de la persona humana