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El fenómeno de la persecución religiosa durante la guerra civil española a los miembros de la Iglesia católica que se enmarca en el contexto histórico de la guerra civil española comprende a miles de personas, religiosos y laicos que forman parte del conjunto de víctimas de la Guerra Civil, e incluye también la destrucción de patrimonio artístico religioso y documental. Entre estas personas se encontraron numerosos religiosos1 pertenecientes al clero secular, órdenes, congregaciones y distintas organizaciones dependientes de la Iglesia católica española que sufrieron actos de violencia que culminaron en miles de asesinatos, alcanzando las dimensiones de un fenómeno de persecución2 en las áreas de control nominal republicano principal, aunque no únicamente, durante los primeros meses del conflicto armado y de la revolución social que tuvo lugar en dicha zona. En la zona bajo control de las fuerzas sublevadas existieron también episodios, aunque en un número muchísimo menor y en momentos puntuales, hacia religiosos (católicos o de otras confesiones).
Esta violencia no solo se manifestó en contra de los derechos fundamentales de miles de personas, muchas de las cuales fueron asesinadas —algunas, incluso, tras sufrir tortura—, sino que también se ejerció de manera sistemática contra aquellos bienes y objetos considerados símbolos de la religiosidad, dañando o destruyendo gran parte del patrimonio arquitectónico, artístico y documental.
La interpretación del origen y motivaciones generales de estos hechos, así como de las circunstancias de algunos de ellos, en particular en lo que respecta a su consideración desde la dimensión política y religiosa, pero también sobre su terminología, la actitud de la Iglesia y sus consecuencias en el desarrollo de la contienda y la posterior represión del régimen franquista, son todavía objeto de fuerte controversia entre los especialistas.
Citado como referencia en numerosas otras obras, un detallado estudio publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno,3 identificó a un total de 6832 víctimas religiosas asesinadas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4184 sacerdotes seculares, 2365 religiosos y 283 religiosas.
La Iglesia católica, considerando que muchas de estas víctimas lo fueron como consecuencia de su fe, las definió como mártires. Esta denominación de carácter religioso fue también adoptada por la propaganda del bando sublevado y posteriormente, por la dictadura franquista, haciéndola extensiva a todas las víctimas afines a su causa, quienes fueron llamadas «mártires de la Cruzada» o «mártires de la Guerra Civil».
Aunque reclamado por el régimen franquista y a pesar de su estrecha relación con la Iglesia católica, no fue hasta después de la Transición Española, que la Santa Sede, durante el papado de san Juan Pablo II y tras la modificación en 1983 del Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum4el Código de Derecho Canónico aplicable y vigente hasta entonces, que establecía un plazo mínimo de cincuenta años antes de presentar los procesos en Roma, impulsó numerosas causas de beatificación y canonización, generando un polémico debate entre distintos sectores de la sociedad española, que desembocaron a partir de 1987 en las primeras ceremonias.
En el contexto de la controvertida iniciativa del Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sobre la Ley de Memoria Histórica y a pesar de las críticas recibidas, la Santa Sede, prosiguiendo con las causas de beatificación que comenzaron a abrirse más de veinte años antes, llevó a cabo una masiva ceremonia de declaración de beatos mártires en otoño de 2007.