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La devastación de Venezuela es también ecológica. El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco: una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.
Varias razones podrían explicar la discreción de los usualmente ruidosos activistas verdes globales cuando se trata de Venezuela. En primer lugar, a pesar de contar con industrias altamente contaminantes como la petrolera y la minería, Venezuela ha estado fuera del radar de las grandes ONGs verdes por ser considerado durante mucho tiempo un país de ingresos medios, comparado con otros países considerados pobres en Asia, África e incluso Latinoamérica.