Respuestas
Respuesta:En este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento, 4000 millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero conlleva otro peligro mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra: la violencia contra las mujeres.
A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo que notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda. En Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido[1] y los Estados Unidos[2], las autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos de las mujeres y aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y mayor necesidad de protección de emergencia[3,4,5]. Las líneas de atención de Singapur[6] y Chipre han registrado un aumento de las llamadas de más del 30 por ciento[7]. En Australia, el 40 por ciento de quienes trabajan en primera línea comunicó en una encuesta realizada en Nueva Gales del Sur un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de una escalada en la intensidad de la violencia[8].
El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID.
Incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella.
Tradicionalmente, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10 por ciento de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. Es posible que dicha alteración también ponga en riesgo la atención y el apoyo que necesitan las sobrevivientes, como la gestión clínica de las violaciones, y el apoyo psicosocial y para la salud mental. Además, se fortalece la impunidad de los agresores. En muchos países la ley no está de parte de las mujeres; uno de cuatro países no tiene leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia doméstica.
Si no se aborda debidamente, esta pandemia en la sombra se añadirá al impacto económico del COVID-19. En el pasado, el costo mundial de la violencia contra las mujeres se ha estimado en aproximadamente 1,5 billones de dólares estadounidenses. Esta cifra sólo puede aumentar en este momento que crece la violencia, y seguir aumentando una vez superada la pandemia.
Explicación:
Respuesta:La crisis económica que está provocando el COVID-19 es un evento que no tiene precedentes en la economía moderna y probablemente tenga asociados los efectos más disruptivos desde la Segunda Guerra Mundial, o incluso, desde la Gran Depresión. Muestra de ello es la reacción de la política económica en todo el mundo, que también carece de antecedentes re- cientes. Dentro de la órbita de las economías emergentes, la situación se ve agravada por episodios de “flight to quality”, que introducen presión adicional sobre las variables financieras y el acceso a financiamiento en los mercados internacionales. En el caso de Uruguay, la economía atravesará por una recesión en 2020, se procesará una depreciación real significativa del peso y se registrará una mayor inflación. Todo ello tendrá efectos negativos sobre el empleo, el ingreso, la pobreza y la desigualdad. Si bien las medidas adoptadas al momento van en la dirección correcta a la luz de lo que ha sido la ex- periencia internacional, y las restricciones que enfrenta el país, todavía son insuficientes para compensar las actividades afectadas y mitigar el impacto sobre la población más vulnerable. En este marco, el presente documento tiene por objetivo analizar los canales de transmisión del shock y el impacto que podria tener en la economía uruguaya, asi como las medidas que ya han sido tomadas y aquellas adicionales que podrían desplegarse para amortiguar el impacto sobre los segmentos más vulnerables de la sociedad uruguaya.
Explicación: