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En el año 2007, la llegada al poder de Rafael Correa Delgado constituyó uno de los hechos más relevantes en la vida política ecuatoriana desde el retorno a la democracia. La transformación institucional que siguió a la Constitución del año 2008, así como la perspectiva de una mayor participación del Estado en el desarrollo, el pago de la deuda social y cierta visión “nacionalista” sobre el manejo de recursos impuso que un área como la petrolera se convierta en un eje central para mejorar la participación del Estado en las ganancias en tiempos en los que ya se podían prever altos precios. Las primeras fricciones con empresas transnacionales, tales como Occidental, Burlinton entre otros, ejemplifican la disputa alrededor de este recurso estratégico. Sin embargo esto no es una situación nueva, desde los inicios de la explotación petrolera en el Ecuador, con el descubrimiento de yacimientos en la provincia de Santa Elena (1925), las empresas extranjeras que gestionaban los campos se han llevado la mayor concentración de la riqueza, a medida que pasan los años y con diversos gobiernos, se fue creando el marco legal, de modo que las empresas transnacionales obtuvieron protección por parte del Estado ecuatoriano para llevar a cabo la explotación y mantener los beneficios exorbitantes respecto a la proporción que quedaba para las arcas fiscales. En el periodo del Presidente Correa, la modalidad contractual entre el Estado y las operadoras, pasa del formato de participación a la modalidad de prestación de servicios. En los contratos de participación, la empresa brinda al Estado una parte fija de cada barril de petróleo extraído, de modo que la empresa asume el riesgo ante los altibajos de precios, pero también puede obtener mayor rentabilidad a partir de precios del petróleo elevados. En cambio, en el modelo de prestación de servicios
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