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Respuesta:
listo
Explicación:
En el marco del Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre de 2019, las universidades que integramos el Sistema Universitario Jesuita (SUJ); el P. Leonel de los Santos León, SJ, asistente de lo Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez compartimos una vocación social y política orientada a responder ante los problemas que nos atañen como sociedad. Esto supone un análisis crítico de la realidad y el planteamiento de propuestas en un marco de diálogo respetuoso y abierto, poniendo nuestras capacidades y recursos al servicio de las necesidades y las problemáticas que nos aquejan.
Es por ello que, ante la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresamos nuestro pesar por el proceso de designación poco cuidado, y señalamos los retos que observamos para esta institución en medio de una crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.
De manera inicial queremos señalar que, con base en sus atribuciones, expresadas en el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el peso de esta institución encargada de defender y promover los derechos fundamentales radica en su fuerza moral, de allí que, partiendo de un proceso de designación cuestionado jurídica, política y socialmente, su desafío sea múltiple: por una parte, demostrar transparencia, imparcialidad y autonomía frente al poder público, principalmente del Poder Ejecutivo a nivel federal y, por la otra, recuperar credibilidad y confianza institucional sin dejar de responder a los retos que enfrenta el país en la materia.
Las acciones iniciales de la nueva ombudsperson no han despejado las legítimas dudas planteadas en el debate público. Hasta el momento no existe claridad sobre los nombres que asumirán la titularidad de las áreas que tienen puestos directivos (visitadores/as generales, secretarios/ as, directores/as) y que, junto con la titular de la Comisión, son fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento de este organismo autónomo. Por otro lado, aunque se anunciaron medidas de austeridad encomiables, falta precisar las acciones que se tomarán para preservar las áreas que funcionan adecuadamente. Por último, nada se ha dicho hasta ahora sobre la manera en que se enfrentará la renuncia de al menos cinco integrantes del Consejo Consultivo.
Como es sabido, en los últimos años el Estado mexicano ha sido revisado prácticamente por todos los órganos de supervisión de tratados de las Naciones Unidas. También ha tenido visitas y múltiples pronunciamientos por parte de los llamados procedimientos especiales (relatorías y grupos de trabajo) así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tales instancias han expresado su preocupación por la violencia y la militarización de la seguridad así como por la recurrente impunidad frente a la comisión de graves violaciones a derechos humanos, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, la tortura, el desplazamiento forzado, la contaminación ambiental y la violación de otros derechos económicos, sociales y culturales; el incremento de las violencias de género contra mujeres, niñas e integrantes de la diversidad sexual; la violencia y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; las disputas por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas; las violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes; la discriminación hacia personas con discapacidad y las violaciones cometidas en contextos de movilidad interna e internacional.
la CNDH debería adoptar medidas para que las autoridades correspondientes prevengan las violaciones a derechos humanos y las atiendan de forma inmediata para cesar su comisión, evitar su agravamiento y la comisión de daños de imposible reparación. Los pronunciamientos oportunos, las medidas cautelares, las visitas in situ y los informes especiales pueden contribuir a ese fin. Por otra parte, la CNDH se ha convertido en uno de los últimos reductos en la defensa de la constitucionalidad. Por ello, un desafío más para la CNDH es la vigilancia del proceso de adopción de leyes de carácter federal y estatal, para que, de forma oportuna y eficaz, interponga las acciones de inconstitucionalidad en contra de aquellas que vulneren los derechos humanos constitucionales y convencionales.
Finalmente, será clave la vinculación que mantenga la CNDH con los demás órganos que tienen algún mandato similar de promoción y protección de los derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil y particularmente con las víctimas de violaciones a derechos humanos.