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n elemento que caracterizó la vida del México independiente fue el pronunciamiento, esto es, el levantamiento armado en contra de las autoridades gubernamentales promovido por un jefe o miembro del ejército o por algún caudillo. Socorrida estrategia de acción del sector militar, también la utilizaron otros grupos sociales. El pronunciamiento constituía una forma de manifestación del descontento político o social y operaba como una alternativa de intervención en la esfera pública; también se aplicó unas veces como mecanismo para equilibrar fuerzas y para obligar a los representantes de los diferentes niveles de gobierno al acatamiento de acuerdos y resoluciones; en otras ocasiones funcionó como una estrategia de acción de grupos rivales para la concreción de sus aspiraciones de acceso al poder, pues a través de él se derrocaba a gobernantes y se imponía a otros.
La lógica del pronunciamiento fue la que llevó a Porfirio Díaz a la presidencia de la República. En efecto, Díaz y sus compañeros de lucha accedieron al poder mediante el uso de la fuerza, específicamente a través del levantamiento revolucionario. En 1876, bajo la bandera del Plan de Tuxtepec empuñaron las armas contra el gobierno constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada. Con ese pronunciamiento, conocido como la Revolución de Tuxtepec, lograron vencer a las fuerzas militares de la República y Díaz ganó las elecciones que lo condujeron a la primera magistratura del país.1
Emergido de la aplicación de aquella táctica, al llegar a la presidencia Díaz empeñó sus esfuerzos en lograr establecer un clima de paz mediante el control político–militar del territorio, enfocado a disolver cualquier brote revolucionario. Sin embargo, la instauración del proyecto de pacificación del país no sería suficiente para acabar con una práctica que había imperado por más de medio siglo. Los pronunciamientos no se habrían de suprimir por edicto ni de erradicar sólo por el propósito presidencial de imponer el orden mediante la aplicación de la fuerza armada. El pronunciamiento continuaría siendo un valioso recurso de acción para confrontar al poder, en especial al político, al menos durante la etapa tuxtepecana.2
El continuo surgimiento de pronunciamientos en toda la geografía nacional fue una constante que muchas veces tuvieron que enfrentar las autoridades municipales, estatales y federales del tuxtepecanismo. En la mayoría de los casos un recurso manido de los gobiernos y sus órganos de prensa fue desacreditar esos movimientos calificándolos como simples actos de bandidaje y estigmatizando a sus cabecillas bajo la categoría de bandidos
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