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En Ecuador, los mecanismos directos de participación parecen agotarse cada vez más. La participación ciudadana en organizaciones políticas formales es escasa: en el año 2015, 93% de la población ecuatoriana reportó no trabajar nunca o casi nunca para un partido o candidato. A ello se añade que en 2015 el 66% de ecuatorianas y ecuatorianos no se sintió representado políticamente en el legislativo, y un 53,5% no se sintió representado por el gobierno de turno (Latinobarómetro, 2015). Estos datos, si bien reflejan el debilitamiento de los mecanismos tradicionales de participación, ponen también sobre la mesa la urgencia de fortalecer los principios, conceptos y mecanismos de la participación directa aplicados por la sociedad civil ecuatoriana y reconocidos en el marco normativo constitucional como medio para fortalecer la participación, la democracia directa y, en definitiva, el accionar político de las personas. En el año 2008, la Constitución del Ecuador invoca un cambio de visión en el ejercicio de los derechos, entre ellos el derecho a la participación y el rol protagónico de la ciudadanía, llegando a establecer mecanismos de participación directa que van desde la participación en la planificación estatal y el control de los actos del Estado, hasta el reconocimiento de la democracia comunitaria y el derecho a la resistencia. Sin embargo, la reiterada mención de la participación ciudadana en la Constitución no es suficiente para una real aplicación de la misma como instrumento de empoderamiento político o construcción de la democracia directa; incluso, en muchos casos, su institucionalización puede derivar en el debilitamiento de la participación como ejercicio político. Más aún, como se verá en el estudio, algunos autores advierten del peligro de la gubernamentalización de la participación y, con ello, su despolitización. Este estudio parte reconociendo que, si bien existe un marco normativo importante para promover el ejercicio de una participación fuerte, éste solo puede tener un contenido y ejercicio real en los propios procesos de los actores. Son ellos quienes realmente ejercen la participación, incluso más allá de la normativa y diseño institucionales. A través de este estudio se interroga si la participación es un hecho plural y multifacético que responde a las realidades de los diversos procesos ciudadanos y si existen condiciones que permiten entender cómo se sostienen estos procesos de participación, tanto en su propia realidad, como en relación con la sociedad civil y el Estado. Para ello, se han identificado tres experiencias de participación que, si bien aplican los mecanismos de participación vigentes en la Constitución Política del Ecuador, los desbordan, los desafían y les dotan de contenido. Para la selección de los casos se parte de tres criterios principales, el poder político de los actores sociales, el grado de organización que manejan junto con la capacidad para construir tejido social y su incidencia, tanto en las políticas públicas, cuanto en la posibilidad de construir y poner en el debate agendas de interés nacional.