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La modernidad política nace con la limitación de los poderes públicos frente a las personas, lo que supone la existencia de áreas en las que la autoridad no puede invadir la esfera de lo privado. Aunque ésta fue una necesidad ineludible de su tiempo, sólo protege uno de los primeros derechos reconocidos e inherentes a la persona humana. En la actualidad, los derechos sociales o colectivos también requieren de una protección y respeto de parte de otros factores de poder, distintos a los poderes públicos.
El objeto de éste trabajo es escudriñar, cómo hacer que exista un equilibrio entre los poderes, a fin de que se propicie un sistema verdaderamente democrático, entendiendo y reconociendo desde ahora, que no se hace referencia exclusivamente a los poderes que se identifican expresamente como tales en nuestro marco constitucional, es decir, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino también aquellos otros que tienen una injerencia directa en el ejercicio de éstos poderes constituidos: partidos políticos, medios de comunicación, sindicatos y agrupaciones patronales, inversionistas económicos, y otros que se identifiquen a lo largo de este ensayo.
No obstante la puntualización anterior, es necesario realizar, aun de manera muy sucinta, un diagnostico nacional, acerca de cómo se encuentran limitadas en los hechos las facultades del Poder Ejecutivo, y cómo se han venido fortaleciendo las del Poder Legislativo y Judicial, situación debida, lo estimo, a una mayor participación de la ciudadanía en la vida democrática de nuestro país, sin referirme exclusivamente con ello, a la emisión del sufragio en elecciones, sino también a la conformación de grupos organizados de ciudadanos, la creación de nuevos partidos políticos, las convocatorias a través de la opinión pública a la realización de marchas, lo que sin duda ha provocado efectos en la actuación de los tres poderes constitucionales.
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holiis :3
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