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A partir de la declaración de independencia (28 de septiembre de 1821), uno de los retos más importantes para México fue obtener el reconocimiento por parte de naciones extranjeras para así evitar la reconquista española y asegurar legitimidad e igualdad jurídica frente a las repúblicas y monarquías, lo cual le permitiría formar parte de la sociedad internacional. Esta cuestión ha sido estudiada por autores como Josefina Zoraida Vázquez, Silvestre Villegas Revueltas, Antonia Pi-Suñer Llorens, Agustín Sánchez Andrés, Roberta Lajous, Jacques Penot, entre otros.
cuando se dio formalmente por medio de correspondencia diplomática como fue el caso de los reconocimientos colombiano, chileno y estadounidense (1822), británico (1824) y francés (1830); en otros fue implícito a través de la firma de tratados de amistad, comercio y navegación. El caso del reconocimiento español fue particular pues se dio a través del Tratado de Paz y Amistad de 1836.
El reconocimiento más importante para la nueva nación fue el británico porque puso en duda el argumento legitimista de la Santa Alianza según el cual solamente se otorgaría reconocimiento diplomático cuando el Imperio español lo hiciera. El argumento legitimista representaba un problema dado que dicho imperio quería recuperar su antigua colonia en la década de los veinte. Además de reconocer, Gran Bretaña firmó con México el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en diciembre de 1826. Esto incentivó a países y ciudades-estado europeas a establecer tratados de amistad, comercio y navegación donde el reconocimiento era implícito y así evitar cualquier distanciamiento con la Santa Alianza; este fue el caso de los Países Bajos (1827), Hannover (1827), Dinamarca (1827), Prusia (1831), Sajonia (1831) y las Ciudades Hanseáticas (1832). Igualmente, países que ya habían ofrecido el reconocimiento oficial también firmaron este tipo de tratados con México en los años treinta: Chile y Estados Unidos en 1831, Perú en 1832.
A través de estos tratados México y el país contratante establecían un lazo de amistad perpetua y sus relaciones comerciales estarían guiadas por la libertad de comercio bajo una base de reciprocidad y de la cláusula de la nación más favorecida, según la cual se extenderían las mismas condiciones que terceras naciones tuvieran por medio de tratados. Dado que la reciprocidad era imposible ante la ausencia de una industria y una marina mercante mexicana, México sólo permitió a los extranjeros llevar a cabo el comercio en puertos grandes. De esta forma distintos países participarían de la apertura económica de México, esta nueva nación con uno de los territorios y número de población más vasta en el continente americano. Además, se estableció el marco formal para proteger a los ciudadanos radicados en el extranjero.
Mientras México obtenía reconocimiento oficial y firmaba tratados de amistad, comercio y navegación con naciones latinoamericanas y europeas, la corona española buscaba medios para recuperar su antigua colonia. La amenaza española a la independencia mexicana se encontraba en San Juan de Ulúa y Cuba, desde donde en 1829 Isidro Barradas llevó a cabo una expedición, misma que Antonio López de Santa Anna derrotó. Sin embargo, pasaron todavía más años para que se firmara el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y S. M. C la Reina Gobernadora de España, también conocido como el Tratado Santa María-Calatrava por sus firmantes, el mexicano Miguel Santa María y el español José María Calatrava.
El objetivo era restablecer y asegurar las relaciones, terminar con la incomunicación y desavenencia “y olvidar para siempre las pasadas diferencias y disensiones, por las cuales desgraciadamente han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre ambos pueblos”, es decir de 1821 a 1836. A través de ocho artículos se reconoció “como nación libre, soberana e independiente a la república mexicana […] Y S. M. renuncia, tanto por sí, como por sus herederos y sucesores, a toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial de dichos estados y países” (Artículo I). Además, se aseguró “habrá total olvido de lo pasado, y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles […] cualquiera que sea el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones” (Artículo II). Dado que México había “reconocido voluntaria espontáneamente como propia y nacional toda deuda contraída sobre su erario por el gobierno español de la Metrópoli y por sus autoridades” en junio de 1824, y que no había propiedades confiscadas, se estableció que la república y la corona española “desisten de toda reclamación o pretensión mutua” sobre estos puntos (Articulo VII).