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Una política orientada a dar respuesta a la demanda independentista en Cataluña y el País Vasco debe partir de un análisis lo más preciso posible de las causas de la misma. Lo cierto es que la tradición del catalanismo político no explica el auge actual de las demandas secesionistas en Cataluña. Y que la mayor radicalidad histórica del nacionalismo vasco vino acompañada en el pasado por una posición relativamente modesta del mismo en la vida política del país. Es en las últimas décadas de nuestra historia en las que hay que buscar las razones del crecimiento del problema.
En primer lugar, parece que ha tenido una importancia destacada en el fenómeno la equiparación entre demandas nacionalistas y mayor desarrollo del modelo de Estado del bienestar. Nuestro actual Estado autonómico ha puesto la práctica totalidad de la labor asistencial de los poderes públicos en manos de los Gobiernos autonómicos. De este dato se ha derivado la percepción de que a mayores sean las competencias de estos Gobiernos, mayor será el nivel de bienestar garantizado. Los nacionalismos de propensión secesionista han actuado de conformidad con una estrategia en que lo conquistado, conquistado está para siempre y debe servir de campamento base para nuevas demandas que tienen un punto final en la obtención de la independencia.
En segundo lugar, la escalada de nuestros nacionalismos periféricos se ha visto favorecida por el debilitamiento de una conciencia nacional española. Durante mucho tiempo con posterioridad al inicio de la Transición, una buena parte de los demócratas españoles han actuado en la creencia de que, asegurada la democracia, no necesitábamos la nación. Para muchos ha sido una sorpresa comprobar que todo Estado liberal-democrático necesita para garantizar su existencia y buen funcionamiento el cemento de una comunidad nacional, incluso cuando se está inmerso en un proceso de construcción europea. El debilitamiento de esta conciencia nacional española ha sido compensado por la afirmación y el desarrollo de otras conciencias nacionales que pensábamos sólidamente alojadas en el marco de la nación común.
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En tercer lugar, la sociedad española en su conjunto ha hecho una valoración deficiente de los instrumentos que el orden liberal-democrático tiene a su disposición para tratar las tensiones nacionalistas. En lugar de optar por unos expedientes de carácter ordinario como son el principio de lealtades compartidas, el pluralismo cultural y político y la idea de tolerancia, entre nosotros han encontrado espacio unas vías extraordinarias llenas de dificultades teóricas y prácticas como el principio de las nacionalidades, el derecho de autodeterminación o el más ambiguo derecho a decidir. Dentro de este olvido de la lógica liberal-democrática para tratar los conflictos nacionales, ha ocupado lugar destacado la renuncia a un expediente de lealtades compartidas, sustituido por un prejuicio decimonónico, paralelo a la lucha de razas, de religiones o de clases, defensor del fatal enfrentamiento entre naciones alojadas en el mismo espacio estatal.
En cuarto lugar, es constatable un proceso de creciente autonomía de las fuerzas políticas nacionalistas en relación a sus bases sociales. Hoy tenemos buenas razones para añorar aquellos momentos históricos en que los partidos nacionalistas actuaban con mayor o menor compromiso como agentes de representación de los intereses económicos y sociales dominantes en sus sociedades. Por el contrario, podemos ver la plasmación de un caucus político en el seno de esos partidos capaces ante todo de representar los intereses de sus dirigentes y sus dilatadas clientelas sociales. Incluso podríamos dar un paso más allá y extender esta caracterización al grueso de un sistema de partidos crecientemente desconectado de los intereses sociales que dice representar. El análisis detallado de las elites políticas catalana y vasca tiende a confirmar este proceso general de creciente autonomía del personal político en ambas comunidades. En concreto, el proceso de radicalización del catalanismo político en los últimos años resulta inseparable de la esforzada y eficaz acción de un personal político notablemente liberado de sus vínculos sociales tradicionales.