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Suele decirse que la democracia está en “crisis”, para aludir a una actitud de descrédito en las instituciones democráticas, y particularmente a la desconfianza en los representantes elegidos mediante los distintos sistemas democráticos.
Como una respuesta a esta suerte de ignominia democrática, surge el concepto de “democracia deliberativa” en 1980. Fue Joseph Bessette quien acuñó esta expresión en un artículo pionero; y en el mismo período, Jürgen Habermas estableció las bases filosóficas para la teoría de la democracia deliberativa en su obra “Teoría de la acción comunicativa”.
El impacto académico que ha producido el modelo democrático deliberativo ha sido colosal. Sin embargo, acechan dudas y críticas respecto de las posibilidades reales de su implementación.
En este trabajo, mi interés fundamental se centra en examinar si las precondiciones de los principios constitutivos de este modelo de democracia (al cual considero un valioso ideal regulativo), se encuentran garantizadas hoy en Argentina. En base a ciertos datos reveladores de la situación socioeconómica, evaluaré las condiciones actuales de lograr una deliberación razonada en Argentina.
Este modelo de democracia, puede definirse como un modelo político normativo cuya propuesta básica es que las decisiones políticas sean tomadas mediante un procedimiento de deliberación democrática.
Siguiendo este razonamiento, se ha dicho que en una democracia los representantes (líderes) deberían dar razones para tomar sus decisiones, y contestar a las razones que los ciudadanos les dan como respuesta a las mismas. Las razones brindadas deberían ser aceptadas por personas libres e iguales que persiguen términos justos de cooperación.
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La deliberación pública obliga a tomar en consideración los intereses ajenos. La mayoría no puede simplemente ignorar las visiones de las minorías, argumentando que son intereses minoritarios. Esa actitud es tan irrespetuosa de la dignidad de los otros, que resulta poco defendible públicamente en una democracia.
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