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asesinatos y tortura, entre otras graves violaciones de esas garantías, sin procesar a los responsables.
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Los cubanos defienden con vehemencia los derechos sociales e individuales conseguidos luego de más de 50 años de gobierno socialista, pero cada vez se dejan escuchar mayores alertas sobre un grupo notable de derechos que hoy no están en las leyes ni en la realidad del país.
Cualquier persona no puede opinar sobre cómo se construye un puente o se realiza una operación a corazón abierto, pero es muy probable que sí tenga criterios sobre cuántos años de prisión merece un agresor sexual. El Derecho y su creación no es un asunto de expertos, sino de participación popular.
Ese razonamiento pertenece al profesor universitario Julio Antonio Fernández Estrada, joven intelectual que ha manifestado más de una vez su preocupación por la falta de una práctica política que atienda al carácter progresivo de los derechos humanos en Cuba.
“Llevamos 40 años con los mismos derechos desde el punto de vista constitucional. En la práctica tenemos más derechos que los que la propia Constitución reconoce, lo cual no quiere decir que no necesitemos muchos más”, opina.
La relativa “vejez” de la Carta Magna cubana que preocupa al profesor Fernández tampoco ha garantizado que todos los derechos consagrados en su cuerpo hayan sido convertidos en ley. Así lo hicieron notar varios participantes en el taller Pasado, Presente y Futuro de la Justicia en Cuba, reunidos bajo el amparo del proyecto Cuba Posible.
Entre ellos Uxmal Livio Díaz, de la Confraternidad Cristiana de Juristas de Cuba, una agrupación que aboga por una Ley de Cultos que regule la libertad religiosa consagrada en el artículo 53, desde 1976. La falta de orden ha permitido abusos en el ejercicio de las prácticas religiosas o incluso la conversión de la fe en un negocio, casos contra los cuales no existen instrumentos legales específicos para actuar