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Respuesta: Vivienda
Explicación: Con fecha 16 de diciembre de 2002, el juzgado Contencioso nº 3 de Pontevedra dicta una
orden judicial de derribo para las viviendas de 10 familias gitanas del poblado chabolista
de O Vao, en Poio (Pontevedra), que deberá hacerse efectiva antes del 31 de octubre de
2007. Con objeto de colaborar en el proceso de reinstalación de las familias afectadas, la
FSG mantiene desde fi nales de 2006 diversas reuniones con el Delegado y la Secretaria
Provincial de la Consellería de Vivenda e Solo de la Xunta, tras las que se acuerda proceder
a la identifi cación de viviendas apropiadas para el realojo, bien en régimen de alquiler, bien
en propiedad.
Desde ese momento, la FSG realiza una búsqueda exhaustiva dentro y fuera del término
municipal de Poio, lugar de residencia habitual de las familias afectadas. Algunas viviendas
en altura son localizadas dentro del ayuntamiento de Pontevedra, mientras que es preciso
desplazarse a otros municipios limítrofes para encontrar construcciones unifamiliares que
se adapten a las necesidades y características de las familias. Con toda la información recogida, se elabora un listado de alternativas, acordándose visitar las viviendas in situ, para
comprobar si es preciso o no realizar algún tipo de reforma o rehabilitación.
Los primeros desalojos se producen en el mes de abril de 2007, cuando se derriban una
chabola y una infravivienda. A las familias afectadas se les ofrece la posibilidad de acogerse
al programa de vivienda de alquiler de la Xunta, pero una de ellas rechaza la oferta por motivos laborales, y decide realojarse en la vivienda de un familiar. A la segunda familia se le
adjudica una casa en el término municipal de Marín, sin que se produzca ningún incidente
destacable con los vecinos o las autoridades. Además, la FSG hace un estrecho seguimiento
de esta familia, a la que incluye en su programa de educación comunitaria.
En octubre del mismo año se derriban dos infraviviendas más, optando de nuevo una de las
familias por realojarse con unos parientes, mientras que la otra decide buscar una vivienda
en el mercado libre, algo que consigue con buen acogimiento por parte del entorno vecinal. Siguiendo este ejemplo, antes de cumplirse el plazo para ejecutar los últimos derribos
pendientes, uno de los afectados encuentra una vivienda apropiada en la parroquia1
de
Vilarchán (Pontecaldelas), por lo que contacta con el propietario para adquirirla, llegan a un
acuerdo sobre el precio, y se entrega una señal. Sin embargo, cuando los vecinos conocen
que se trata de una familia gitana de O Vao, deciden adelantarse y comprar entre todos la
vivienda, para evitar su instalación. Alegan que no se trata de racismo, si no que no quieren
familias confl ictivas que puedan perjudicar a la parroquia. El afectado se queda, fi nalmente,
sin poder adquirir la vivienda.
A partir de este caso, en numerosas parroquias como Lérez, Xeve, Alba, Campañó, Verducido y Monteporreiro, tienen lugar concentraciones de protesta ante el temor de que acabe
realojándose allí a las familias procedentes de los derribos del Vao. Estas protestas son ampliamente seguidas y alimentadas por los medios de comunicación locales, provocándose
un efecto multiplicador. En todos los casos los vecinos alegan que no se trata de un problema de racismo, sino de seguridad vecinal, aunque en sus manifestaciones se relaciona de
manera continua a los gitanos con la delincuencia y la marginalidad.
Respuesta:
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